Año y medio. Ese fue el lapso de tiempo que el PSOE de Andalucía estuvo tras la pista del definido entramado elaborado por el Servicio Andaluz de Salud y por el Gobierno de Moreno para seguir adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas por un valor total que ascendería finalmente de los 70 millones de euros presupuestados en un primer momento, hasta los 243 millones destinados finalmente.
La noche del pasado miércoles 2 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla puso punto y seguido a la longeva travesía del Grupo Socialista por los anchos lares del recabo de información desde que en marzo de 2023 detectase que el Ejecutivo andaluz andaba abusando de forma espuria de la contratación de emergencia habilitada por el Estado en enero de 2021, pero que ya, a partir de la primavera de ese mismo año, había quedado extinta, puesto que el escenario pandémico, mucho más controlado, forzaba ya a las administraciones a volver a las licitaciones siguiendo los protocolos ordinarios de publicidad y concurrencia competitiva, los que sorteó a sabiendas, sin embargo, durante más de dos años, la Junta de Andalucía para adjudicar a dedo decenas de contratos.
“Ayer, un juzgado de instrucción comunicaba a nuestros abogados que finalmente se había aceptado a trámite nuestra denuncia por estas contrataciones irregulares”, desvelaba el líder de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas, que, como máximo representante de su grupo en la comunidad, quiso convocar con urgencia a los medios para comunicarles la cuestión.
Visiblemente satisfecho y seguro en su intervención -y acompañado de la portavoz parlamentaria de la formación, Ángeles Férriz, y del diputado autonómico Rafael Márquez-, Espadas aseveraba que el SAS y la Consejería de Salud “habían hecho oídos sordos” a la derogación de la citada norma excepcional, y “habían continuado igual, como si fuera período covid”, durante más de una veintena de meses contratando con clínicas privadas “de una forma, a nuestro juicio” -y al de la Justicia, que ve indicios de delito en la actuación-, absolutamente irregular”, siendo estos “actos constitutivos de delito de prevaricación, a través de los cuales se han llevado a cabo adendas y prórrogas de contratos de emergencias anteriores estirando la posibilidad de no someterse a procedimientos ordinarios”.
El máximo responsable del PSOE-A, que catalogó lo desarrollado por la Administración regentada por Moreno de “modus operandi”, y no de “incidencia puntual”, asimismo, confirmaba que ejercerán de acusación particular en la intervención judicial, lo que les permitirá tener acceso a “todas y cada una de las cuestiones que vayan derivándose en la investigación”.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).