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Cuatro altos puestos en la Administración en menos de seis años, la meteórica trayectoria de la abogada del PP en el caso ERE desde que Juanma Moreno gobierna

Cuatro altos puestos en la Administración pública andaluza en menos de seis años. Esa podría ser la meteórica trayectoria que podría alcanzar la abogada sevillana Lourdes Fuster, la letrada que representó al PP como acusación particular en el caso ERE durante la pasada década, desde que gobierna Juanma Moreno en la comunidad si el próximo miércoles el Grupo Popular hace valer su mayoría absoluta para ratificar su propia propuesta de que esta se convierta en nueva consejera de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

El nombramiento como nueva dirigente del consejo de administración de la radiotelevisión pública andaluza de Fuster, que condujo junto a su marido y compañero de bufete, Luis García Navarro, la estrategia judicial de los populares andaluces no solo en el caso ‘ERE’, también en los casos ‘Mercasevilla’, ‘Formación’, ‘Avales’ y ‘Agencia IDEA’, será pues el cuarto cargo que ostente la hispalense en la estructura pública autonómica tras ocupar puestos en agencias de la Consejería de Agricultura y en la de Presidencia.

En el puesto de subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente, la letrada sevillana estuvo poco más de un año, según ha desvelado El País, mientras que en diciembre de 2020, fue designada presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de Andalucía (IFAPA), también dependiente de la Consejería de Agricultura.

Por su parte, tras las elecciones autonómicas de 2022, Fuster accedió al tercero de sus cargos, el de secretaria general de Interior y Espectáculos Públicos, a propuesta del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien durante sus años al frente de la secretaría general del PP en la comunidad comandó la estrategia política sobre la ya afamada causa de los ERE y otras tantas abiertas en el período de mandato socialista en el territorio -como las citadas con anterioridad-.

Precisamente, el caso de los ERE dio un vuelco enorme en el Constitucional este pasado verano tras evidenciar el órgano de garantías que en la sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla hubo “extralimitación”, “criminalización de la actividad legislativa” y “condenas sin argumentos suficientes” sobre la gran mayoría de los enjuiciados, con especial preponderancia hacia los altos cargos socialistas de la Junta ajenos a la Consejería de Empleo-, otorgándoles un amparo parcial tras revisar sus penas.

La abogada sevillana se había desvinculado contractualmente estos meses de la Administración pública tras dimitir de este último de los puestos el pasado mes de marzo, justificando su marcha en motivos profesionales”, a raíz de una “oferta laboral que ella entiende que es mejor”, tal y como aseguraba, en ese momento, el entonces portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).

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