Ecologistas en Acción ha alertado de que alrededor de mil temporeros han pasado el verano en los asentamientos chabolistas de Huelva sin agua, ante la inacción de las administraciones públicas, que no han respondido al llamamiento de los colectivos sociales que solicitaron su intervención. Estos solicitan ahora a las instituciones, locales, autonómicas y estatales, la creación de una mesa de trabajo de emergencia que ponga fin a los problemas de aguas, basuras e incendios.
La solución que se puso sobre la mesa por hasta cuarenta colectivos sociales, donde estaban integrados sindicatos, ecologistas o partidos políticos, fue crear un corredor de emergencia para garantizar el acceso a agua potable y la recogida de basura en los asentamientos de chabolas. Las condiciones en las que viven los temporeros son denigrantes para el ser humano, teniendo que sobrellevar el día sin acceso a agua potable, bajo altas condiciones de insalubridad, rodeados de basura y, en definitiva, en condiciones indignas.
«Las condiciones de vida de los asentamientos –que aparecieron hace más de 25 años por la necesidad de gran cantidad de mano de obra para el cultivo de los frutos rojos y la falta de alojamientos– atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer kilómetros en bicicleta o andando», ha expresado Ecologistas.
Asimismo, estos han reclamado a la Junta de Andalucía mayor cooperación para solucionar el problema. La consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, lleva anunciando durante los últimos meses el plan EASEN, para la erradicación de los asentamientos, aunque la realidad sobre el terreno, según Ecologistas, es muy distinta. Las precarias condiciones de los temporeros solo están siendo atendidas por el colectivo La Carpa, que realiza repartos en los asentamientos, destacando los más de 10.000 litros de agua embotellada.
Aunque esto es un puzle en el que todas las administraciones tienen su parte de culpa, ha expresado Ecologistas. Por un lado, el retraso en la implantación del Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que establece «la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas».
Por otor lado, los alcaldes de los municipios cercanos que, según Ecologistas, se niegan a empadronar y reconoces a estas personas como ciudadanos del mismo, lo que la confederación de grupos ecologistas ha considerado como «racismo institucional». Y, asimismo, estos municipios tampoco han puesto en marcha acciones significativas para solucionar el problema.
Por todo ello, las organizaciones reclaman a las distintas Administraciones la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos. Además, reiteran: “La solución pasa por regularizar a estas personas, blindar sus derechos y asegurar que puedan acceder a condiciones de trabajo dignas”.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
