El Tribunal Constitucional ha anulado este martes la condena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (PSOE) por el caso de los ERE de Andalucía, merced a los siete votos favorables del espectro progresista -por los cuatro en contra del bloque conservador-. El tribunal de garantías también había hecho lo propio tan solo una hora antes con su predecesor, el también socialista Manuel Chaves, tras revocar igualmente la condena que le impusiesen el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada.
La favorabilidad de los recursos de ambos ex máximo dirigentes andaluces termina por tumbar prácticamente la llamada pieza política de los ERE instruida por la jueza Mercedes Alaya, quien esbozaba un sistema clientelar de reparto de fondos, regado con casi 700 millones de euros, dirigido desde y por la cúspide de la ex dirección socialista para mantener en el poder al grupo en la comunidad.
El tribunal de garantías entiende, como ya ocurriese en las resoluciones dictaminadas durante este mes para otros altos cargos de la Junta, que ambos tribunales no solo vulneraron los derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia de los, hasta ahora, condenados, durante el procedimiento, sino que la elaboración de un proyecto de ley de presupuestos nunca puede ser “constitutiva del delito de prevaricación”, pues son “actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”.
Con estas dos sentencias dictaminadas y otra de un ex alto cargo de la Junta que ha sido resuelta pocos después, son ya diez los recursos de condenados que ha solventado el órgano constitucional durante el último mes, dando la razón -total o parcialmente- a ocho de los recurrentes, a falta de que sean resueltos próximamente los recursos de amparo de Gaspar Zarrías, exconsejera de Presidencia, y el de Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos de la administración pública andaluza.
La concesiones de amparo para Chaves y Griñán, que han supuesto un respaldo para las tesis sostenidas desde el principio por las defensas de los exdirigentes socialistas, ahora bien, no son completas, pues en ambos casos el órgano constitucional ve un posible delito de prevaricación en una actuación puntual del Gobierno andaluz en diciembre de 2004, algo que deberá resolver ahora, en nuevo fallo, la Audiencia de Sevilla, que tendrá que rebajar, eso sí, sustancialmente la pena impuesta y que no entrañará penas de prisión
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
