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El ex número dos de Salud de Moreno que pretendía fichar por Asisa fue el encargado de firmar los contratos millonarios con clínicas privadas que ahora son investigados en la ‘trama del SAS’

Miguel Ángel Guzmán. Ese es el nombre del ex número dos de Salud del Gobierno de Moreno y ex director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que firmó los contratos millonarios con clínicas privadas y que ahora están siendo investigados en sede judicial tras la apertura de pesquisas desde el pasado jueves 3 de octubre por posibles delitos de malversación y prevaricación en la ya denominada como ‘trama del SAS’.

El ex máximo responsable del SAS -hasta finales de 2023- fue el encargado de adjudicar a dedo contratos a un total de 79 hospitales y clínicas privadas, 11 de ellos y ellas del Grupo Asisa en Andalucía -estos por valor de 44 millones de euros-, aseguradora privada por la que pretendía fichar como director médico en la comunidad andaluza en abril de este curso y cuya incorporación generó una enorme polémica al vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos autonómica, siendo finalmente pospuesta hasta julio -se desconoce, hasta la fecha, si finalmente ha firmado por esta compañía-.

Guzmán prorrogó durante dos años y medio, entre enero de 2021 y junio de 2023, los contratos de emergencia con estos centros de titularidad privada hasta alcanzar un montante total de 243 millones de euros, siguiendo un “sistema de trabajo al margen de la legalidad”, como han advertido recientemente en su informe los auditores del propio SAS, puesto que fueron extendidos haciendo uso de un marco legal que se encontraba ya entonces extinto, pues fue habilitado por el Gobierno central para agilizar la contratación de los entes públicos tan solo durante el primer año de pandemia.

Este pasado 3 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla anunció la admisión a trámite de la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía en torno a estas licitaciones, que fueron otorgadas de manera completamente discrecional, sorteando la publicidad y la concurrencia competitiva protocolaria de los procedimientos ordinarios que siguen las administraciones públicas, y, por ende, el inicio de una investigación judicial al Ejecutivo andaluz, la primera a la que se enfrenta el Gobierno de Moreno desde que accedió a la máxima dirigencia de la Junta de Andalucía. 

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).

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