El juez Francisco Javier Santamaría, que investiga la trama de contratos irregulares desarrollada por el Gobierno de Moreno para la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas entre 2021 y 2023 recurriendo al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia, pero que la Administración andaluza extendió hasta 2023 a pesar de ya no estar vigente, ha requerido a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS) todos los expedientes otorgados de esta manera por el Ejecutivo andaluz a estos centros sanitarios de titularidad privada durante dicho lapso de tiempo.
La decisión del togado, desvelada por elDiario.es, si bien es lógica en un proceso de instrucción sobre la que podría ser una práctica delictiva, cuyo montante, en este caso, ascendería ahora bien a los 243 millones de euros, efectuada en la contratación de una administración pública como la Junta, responde a las sospechas que consigna sobre la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte del Gobierno autonómico en estas licitaciones.
A expensas de que pueda existir, de la misma forma, un delito de malversación de caudales públicos, otro de los que figuran en la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía ante el modo de proceder entre 2021 y 2023 de la Administración liderada por Moreno, el escenario podría ser aún mayor y más grave según avance la investigación, a tenor también del otro de los grandes escándalos orquestados desde el SAS en 2021 para la adjudicación a dedo a entidades privadas que prestan servicios en materia sanitaria.
Dicho curso, la Junte Andalucía troceó más de 1.200 millones de euros (1.225, siendo precisos) en contratos menores a 30.000 euros -5.000, 15.000 y 30.000- para eludir igualmente los protocolos de publicidad y libre y competitiva concurrencia- y evitar con ello que estas licitaciones desde el SAS fuesen otorgadas mediante concurso público, pudiendo así atribuírselas a dedo a un puñado de empresas dirimidas directamente por el ente público andaluz.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
