El pasado 30 de septiembre la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente aprobaba el Anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía. Este documento, de 66 páginas, incurriría en un intento de “privatización” de suelos hasta ahora protegidos, expresa Ecologistas en Acción, que alude a que la Consejería habría eliminado un artículo que protegía el suelo de los montes de dominio público.
El Anteproyecto reza en sus primeros párrafos de este modo: “En este escenario, la nueva legislación forestal de Andalucía debía reforzar la contribución de los montes a la provisión de servicios de los ecosistemas imprescindibles para el desarrollo saludable de la sociedad, conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad”.
“Además, debe otorgar un mayor protagonismo a los montes de propiedad privada del que les ha conferido la legislación vigente hasta la fecha, contemplando incentivos a sus personas propietarias. Y, en paralelo, se hacía imprescindible consolidar la solución normativa de protección del dominio público forestal como instrumento de custodia y defensa del valioso patrimonio forestal público andaluz”.
Ecologistas en Acción Andalucía ha calificado esta ley, a la que ha presentado hasta 90 alegaciones como “un texto claramente productivista, que contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia: fijan CO2, evitan la erosión, generan paisajes de alto valor, mejoran la cantidad y calidad de agua y albergan una importante biodiversidad. Esta ley es una clara regresión sobre la actual Ley Forestal, que data de 1992. Un ejemplo es la eliminación del artículo 27 de la actual ley, que determina que “Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”. Con la nueva ley se podrán urbanizar”.
Así, para la organización, lo más preocupante es la “reducción de la protección que tienen los montes públicos y las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables”.
El anteproyecto de ley determina que “se excluirán del Catálogo de Montes de Andalucía aquellos terrenos forestales que dejen de pertenecer legalmente a Administraciones o entidades públicas o pierdan de igual manera su condición de monte”. Esto favorecería la “privatización de montes públicos y su pérdida del carácter forestal para urbanizarlos o dedicarlos a cultivos, y faculta al Consejo de Gobierno a excluir terrenos forestales del Catálogo de Montes Públicos por razones tan arbitrarias y contrarias a la conservación del patrimonio público forestal como la ampliación de los suelos urbanizables, o para desarrollar proyectos privados que se declaren de interés general por el propio Consejo de Gobierno”. Además, este y otros artículos contradicen la Ley estatal 43/2003 de Montes, que tiene carácter de legislación básica, y que estipula que la exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido por causas naturales las características por las que fue catalogado, ha especificado Ecologistas.
El anteproyecto también recoge algunos puntos polémicos, como favorecer el uso privativo de los montes públicos; concesiones por 75 años; cambio encubierto de uso forestal del suelo para actividades agrícolas, incluso en montes quemados. Y, lo que más indigna a Ecologistas, es que estos cambios se podrán autorizar sin autorización. Es decir, “se autorizarán estas actuaciones de cambio de usos del suelo por silencio administrativo. Con no contestar la administración en plazo a una solicitud de cultivo de un monte, se dará por aprobada. Una auténtica barbaridad”.
“Esta apisonadora de desregulación ambiental en que se ha convertido la Junta de Andalucía y la cada vez más descolorida “revolución verde” del presidente Moreno, se plasma una vez más en la prevalencia que da este anteproyecto de ley a los planes urbanísticos sobre la protección de los montes públicos, y los planes forestales, sobre los de ordenación de recursos naturales de los espacios naturales, que quedarán al albur de decisiones políticas que aprueben Junta y ayuntamientos para favorecer proyectos urbanísticos y descatalogaciones de montes públicos”.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
