“El Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras. Si no tenemos un compromiso por parte del Gobierno de la nación, difícilmente podremos competir con los objetivos que algunos se habrán marcado”. La cita la profería ayer mismo el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno. El máximo dirigente andaluz lanzaba semejante reclamo, a modo de órdago, para recurrir nuevamente a la fórmula discursiva de la batalla contra el Gobierno central a través del supuesto agravio comparativo de Andalucía con Cataluña.
El imperativo de Moreno, no obstante, no fue entendido por una amplia mayoría andaluza a tenor de las políticas que ha venido desarrollando durante los más de cinco años que ya ha cumplido al frente de la Junta de Andalucía. Un período en el que, ante tanto interés por “bajar impuestos”, muy especialmente, a las clases más pudientes, pues cabe recordar que el 0,2 % de la sociedad andaluza, las grandes riquezas, se han visto beneficiadas de la supresión del impuesto de patrimonio, lo que ha propiciado que las arcas públicas andaluzas dejen de ingresar 90 millones de euros al año, ha acabado por recortar la friolera de 899 millones de euros al año por rebajas fiscales al erario público de la comunidad.
La queja del presidente andaluz también sonó incongruente tras confirmarse, hace apenas dos días, que la administración pública andaluza que dirige ha decidido devolver los hasta 112 millones de euros que el Gobierno de España pensaba destinarle para la creación de plazas públicas y gratuitas en las guarderías andaluzas que vinieran a sustituir a muchas de las concertadas que actualmente consigna este nivel educativo en el territorio merced al actual modelo público-privado que posee -y donde las escuelas concertadas son amplia mayoría-. Una decisión, ahora bien, que ya se conocía desde marzo, y que acompañó a otro rechazo anterior de semejantes características para la extensión de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía. La nueva consejera, de hecho, catalogó este afán por lo público del Ejecutivo de Sánchez como “empecinamiento en la creación de plazas”.
El mensaje de Moreno choca, asimismo, frontalmente, con el intento de reservar hasta 734 millones de euros de fondos públicos para que fuesen destinados a clínicas privadas, con los 300 millones que el SAS adjudicó en 2021 a dedo a empresas “sin justificación alguna”, como han advertido los propios auditores del Servicio Andaluz de Salud -subrayando que se abusó del sistema de contratación de emergencia- , o con los que los cientos de millones que finalmente solo ha podido derivar a la sanidad privada tras encontrarse con la oposición a la privatización de la comunidad sanitaria, de la oposición política y de los propios andaluces y andaluzas -e, incluso, de los avisos por “infracciones legales insubsanables” señaladas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Administración autónoma, que acordó la anulación de uno de los procedimientos de adjudicación.
El máximo mandatario de la Junta aseguró que la comunidad andaluza tiene una “infrafinanciación de 1.500 millones de euros”, con la que “difícilmente” podrá “cumplir con los objetivos que algunos se han marcado”, pero olvidó, una vez más, que en agosto de 2023 eran 4.500 millones de euros europeos que seguía sin ejecutar, es decir, el 43,68 % del presupuesto correspondiente a los Fondos Estructurales y de Inversiones del período 2014-2020 llegados desde Bruselas, y cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de este pasado curso, y que al término de este, se estima que unos 1.639 millones de euros de esta partida europea quedaron finalmente sin ser ejecutados y, por consiguiente, de provecho para el territorio.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
