«La Juventud está liderando un futuro […] Feliz Día Internacional de la Juventud»; «son los constructores del futuro de Andalucía. Feliz Día Internacional de la Juventud». Ambos, son los mensajes con los que hoy han amanecido los perfiles oficiales en redes sociales de la Junta de Andalucía y de la consejera de Igualdad, Loles López (PP), respectivamente. Dos publicaciones de aliento dirigidas al grupo etáreo joven de la población andaluza por su Día Internacional que, sin embargo, ha sufrido durante los últimos tres años la peor gestión pública de la ayuda gubernamental que venía a paliar su deseo de emancipación y autonomía familiar, especialmente, tras los efectos inflacionistas de la pandemia: el bono alquiler joven.
La propia López se jactaba en el post ‘X’ de aseverar que «es un orgullo ver como cada día luchan por sus sueños». Unos deseos y afanes que, sin embargo, se han visto gravemente lastrados por, primero, el desinterés para ejecutar la iniciativa, de cara a lastrar políticamente a la oposición ante las elecciones municipales, autonómicas y generales celebradas durante la primera mitad de 2023, y, segundo, por la incompetencia absoluta rezumada por parte de la administración pública andaluza, que no comenzó a gestionar la medida, promulgada por el Gobierno central, hasta noviembre de 2023, un mes antes tan solo de que finalizase el período de dos años estipulado por el Ejecutivo de Sánchez para que las comunidades hicieran entrega de ella a sus jóvenes.
La desalentadora situación experimentada por la juventud andaluza en este sentido, que todavía perdura, puesto que se cuenta por miles aún la cantidad de solicitudes que no se han pagado en su totalidad, ha sido tal que no solo han sido varias las veces que han tenido que manifestarse los beneficiarios de la ayuda, 17.288 concretamente, ante las delegaciones de la Consejería de Fomento de todo el territorio andaluz, sino que también han creído oportuno recurrir a la presentación de una demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por los impagos del bono alquiler. Fue en abril de este año, cuando medio centenar de jóvenes andaluces interpuso el primer requerimiento legal contra la administración andaluza por la falta de respuesta a sus bonificaciones.
La acuciante problemática, de hecho, ha obligado, de la misma forma, a interceder al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien ha abierto varias quejas durante estos dos últimos años contra la Junta por su gestión de esta iniciativa económica, ante las «múltiples incidencias», la «incertidumbre» y la «dilación» en la publicación de dicha convocatoria y en la entrega de esta en Andalucía. Recientemente, a principios del pasado mes de julio, la Cámara de Cuentas andaluza, el órgano fiscalizador de la labor del ente público en la comunidad autónoma, también anunció que fiscalizaría la tramitación para «concluir si la gestión de las ayudas del Bono Alquiler Joven se ha realizado de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia y si existen áreas de mejora», de acuerdo con el documento que recoge las directrices técnicas de la auditoría.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
