La estrecha relación entre el Gobierno andaluz y los meses de verano para aplicar la ya denominada ‘operación subida’ en las tarifas de los servicios escolares ha dejado de responder a una lógica casual, para ser una claramente causal. El Ejecutivo de Moreno recurre, sin fallo, desde que viene incrementando los precios de estas prestaciones escolares -2021-, como el aula matinal, el comedor o las actividades extraescolares, a los meses de temporada estival para ello. El último de estos episodios ha sido el anunciado en el BOJA este 2 de agosto, donde se especifica que el comedor escolar costará un 11,2 % más este próximo curso que el último.
Esta reciente subida se une a la que tuviese lugar justo el 2 de agosto del pasado año, cuando la, hasta hace unos días, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional -en otras palabras, Educación-, Patricia del Pozo, ahora máxima responsable de Cultura y Deporte, proclamase también una subida del 4,2 % alegando ser “derivada tanto del aumento del coste de los alimentos y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional”. El aumento también se suma a las contempladas en 2021 (3 de agosto) y 2022 (19 de julio), habiendo acrecentado sistemáticamente el precio de alguno de ellos en los cuatro últimos cursos.
Parece una obviedad, pero es menester evocar que durante estos meses de verano, las familias andaluzas, como cualquiera de las del territorio nacional, buscan desconectar durante ciertos intervalos de tiempo -lo que permita la economía hogareña- de todo un año de compromisos laborales y domiciliares, lo que les lleva a desatender o a tomarse con otra filosofía aquello que ocurre en la actualidad política, social y económica autonómica.
De la misma forma, llegado este punto del año educativo, precisamente el lapso no lectivo y en el que descansan alumnxs y docentes, las familias andaluzas ya han matriculado con anterioridad a sus hijxs, durante los meses previos al propio verano, para el curso siguiente, lo que ocasiona que la revisión al alza aplicada por la Consejería sea a posteriori, eludiendo así posibles desacuerdos y malestares de la comunidad educativa y de organizaciones vecinales, civiles o sindicales frente a la iniciativa.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
