Juanma Moreno y el Gobierno andaluz han empezado fuertes este nuevo 2025, en términos de autoritarismo, opacidad y politización de toda la red estructural de la Junta de Andalucía, especialmente, de su cúpula gestora, administrativa y fiscalizadora. Tanto, que ha elevado la puja ante un presumible año y medio hasta las elecciones autonómicas de 2026 que se antoja muy duro para él y para su Ejecutivo. Cualquier voz que crean ser disidente desde el seno del ente público, ya sabe qué destino le espera: la guillotina en su puesto.
El Consejo de Gobierno, constituido por el máximo dirigente autonómico y todos sus consejeros y consejeras, ha aprobado este miércoles el cese de la interventora general de la Junta, María Antonia González Pavón, la máxima responsable del órgano que fiscaliza las cuentas públicas de la Administración andaluza (la Intervención, dependiente de la Consejería de Hacienda) y la encargada de advertir que el Gobierno de Moreno troceó, desde el Servicio Andaluz de Salud, miles de contratos públicos de manera fraudulenta por valor de hasta 1.225 millones de euros y solo durante el curso 2021.
Durante dicho año, el SAS ideó un sistema de contratación «al margen de la legalidad» -como ha sido repetidamente calificado por los interventores de la Junta- por el que troceó contrataciones en centenares de contratos menores de 5.000, 15.000 y 30.000 euros dirigidos a un selecto grupo de mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros, con el mismo importe y por el mismo concepto, para sortear los protocolos legales de publicidad y concurrencia competitiva y conseguir así que solo este «puñado» específico de entidades fuese el que recibiese estas licitaciones.
Las normas de contratación pública en la Junta y en el SAS obligan en un principio a que la Administración presente a convocatoria pública todo aquello que necesite y que sea cualquier empresa que preste aquellos servicios la que pueda presentar su oferta más competitiva y lo haga en unos plazos determinados. De este modo, el 70,42 % (2.916,3 millones) de todo lo que destinó la estructura pública liderada por Juanma Moreno a firmas de titularidad privada -los 4.141,6 millones mencionados anteriormente-,se hizo siguiendo estos protocolos ordinarios.
Este precepto normativo, sin embargo, ponía en riesgo ese particular afán de que estos millones de euros llegasen finalmente a un grupo bien definido de entidades privadas designadas al antojo del Ejecutivo autonómico, puesto que las ofertas de estas no serían posiblemente tan competitivas como las que presentasen otras tantas. ¿Cómo solventó este gran escollo la Junta? Ideando y “abusando” de este sistema fraudulento de fraccionamiento de contratos para lograr que el 29,58 % restante, los mencionados 1.225 millones de euros, fuese a parar a compañías privadas.
Cabe recordar que el contrato menor es una figura excepcional para situaciones de urgencia que permite eludir, como ya se ha citado, los protocolos ordinarios de contratación, siempre que el gasto no exceda los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros, hasta 30.000 para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 por obras.
González Pavón, cesada solo dos años después de su nombramiento
La hasta ahora interventora general de la Junta, González Pavón (ya cesada), fue nombrada en su puesto por el propio Consejo de Gobierno hace solo algo más de dos años, en septiembre de 2022, coincidiendo con el arranque de la presente legislatura de los populares andaluces y no tardó ni seis meses en elevar un durísimo informe de actuación a la consejera de Hacienda, Carolina España, nombrada hace apenas medio año como portavoz del Ejecutivo andaluz, en el que alertaba de las práctica de troceo de contratos «indebido» y «masivo», eludiendo la Ley de Contratos del Sector Públicos, perpetrado por el Servicio Andaluz de Salud,
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
