La Junta de Andalucía pretende «soplar y sorber a la vez». Las palabras que profirió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este mismo viernes ante el órdago lanzado por el presidente andaluz Juanma Moreno, donde el dirigente popular pedía mayor «compromiso» al Estado en materia de financiación para Andalucía al afirmar que su Gobierno se encuentra «al tope» de «capacidades financieras», parecieron definir a la perfección la absoluta incongruencia que viene plasmando la administración andaluza en cuanto a la gestión de las arcas públicas y la política fiscal que anda practicando.
Mientras el Gobierno andaluz, a los mandos del propio Moreno y de los populares andaluces, sigue reclamando la recepción de más fondos estatales, la institución pública andaluza ha efectuado hasta seis rebajas fiscales en los últimos cinco años y estudia, sorprendentemente, una séptima, como confirmó este pasado jueves la máxima dirigente de la cartera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de carácter «selectivo» y dirigida a la atracción de empresas, inversiones y proyectos de transformación digital y a mejorar la tributación en temas de vivienda.
Esta bajada masiva de impuestos, que ha beneficiado muy especialmente a las grandes riquezas presentes en la comunidad, como la decisión de suprimir el impuesto de patrimonio, por el que solo tributaban unos 20.000 andaluces y andaluzas, es decir, el 0,2 % de la población andaluza, ha supuesto, no solo un importante agravio contra el principio de solidaridad y la capacidad de redistribución de la renta y la riqueza en territorio andaluz, sino un notable agujero en las posibilidades de captación de fondos de la Junta para el erario público.
El propio Moreno, de hecho, ya admitió esta misma semana que la financiación de servicios públicos como «sanidad, educación y servicios sociales» está acaparando «casi el 50 %» de los fondos» de los que dispone la administración andaluza, lo que está obligando al Ejecutivo autonómico a destinar recursos» de otras consejerías para estos.
Esta incoherencia pues entre discurso y praxis política y fiscalidad ha forzado al máximo responsable de Economía del Gobierno de España a pedir «responsabilidad y gestión» a comunidades autónomas como la andaluza, que están reclamando más financiación al mismo tiempo que apuestan por el descenso considerable de impuestos.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
