El Gobierno andaluz ha terminado por sacar a pasear la banderola del socorro económico a su homólogo nacional. Tras regocijarse momentáneamente durante los últimos años en torno al que el Ejecutivo de Moreno apodaba como «milagro fiscal andaluz» y asegurar «haber demostrado que la reducción de impuestos no necesariamente implica una caída en la recaudación», los populares andaluces se han dado de bruces con la realidad y ayudados por el debate sobre la financiación territorial instalado actualmente en la agenda política nacional, han confesado estar «al tope de capacidad financiera» y sin garantías de cumplir con los «objetivos» planteados si no existe un «compromiso desde el Estado» que se traduzca en la llegada de más recursos a la comunidad andaluza. Todo ello pese haber vendido el presupuesto del vigente curso como «histórico» en Andalucía.
Durante sus cinco años de mandato, el actual Gobierno de la Junta ha efectuado un total de seis rebajas fiscales, encuadradas en una serie de «políticas fiscales inteligentes». Este «paquete de medidas que han fortalecido la economía regional» -como se jactaba este en pregonar- ha acabado, sin embargo, por detraerle a la administración pública andaluza «hasta 900 millones de euros» que posteriormente pudiesen ser destinados a los presupuestos autonómicos para el fortalecimiento de los servicios públicos, para los que dice ahora no tener margen económico ya que «casi el 50 %» del gasto es demandado por las carteras sanitaria, educativa y de servicios sociales, forzando incluso a redirigir a estas consejerías dotaciones de otras tantas.
Estas continuas exenciones impositivas, punta de lanza del proyecto de Moreno para Andalucía desde que era el líder de la oposición política durante los años de gobierno socialista en el territorio y una de las pocas promesas de entonces, a la postre, cumplidas por el dirigente malagueño, han venido a aliviar solo con especial relevancia la presión fiscal de las grandes riquezas de la comunidad, como la supresión del impuesto de patrimonio a los 20.000 contribuyentes más ricos de esta (el 0,2 % de la población andaluza), que ha descontado casi 100 millones de euros al fisco de la Junta de Andalucía, yendo en detrimento, en último término, de la mayoría social andaluza, pese a que la consejera de Hacienda y nueva portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, haya aseverado que la reducción de impuestos «beneficie» a las «rentas medias y bajas».
La imagen del propio presidente andaluz, Juanma Moreno, durante un encuentro con CERMI Andalucía, la plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familias en el territorio, claudicando contra la incoherencia del modelo fiscal que ha venido desarrollando, confesando «no poder avanzar» sin la asistencia financiera del Gobierno central, ha sido la viva imagen de la derrota de un proyecto económico incongruente que ha terminado por confirmar la necesidad de una justa y progresiva política fiscal de redistribución de la renta, como ya le advertían numerosas voces expertas antes y durante su travesía de reducciones fiscales en la comunidad.
Pese a ello, la propia máxima responsable andaluza de Hacienda ha anunciado esta semana, apenas dos días después del órdago sobre financiación de Moreno al Gobierno de España, que ya estudian la séptima rebaja fiscal, de carácter «selectivo» y dirigida a la atracción de empresas, inversiones y proyectos de transformación digital y a mejorar la tributación en temas de vivienda.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
