Lopera (Jaén) es un pequeño municipio de unos 3.500 habitantes, donde la gran parte de la riqueza de sus ciudadanos proviene de la agricultura. Concretamente, el olivar. Sin embargo, en los últimos meses muchos de estos agricultores están viendo ‘amenazado’ su futuro debido a una serie de expropiaciones, en pos del interés público, que se están realizando en el término de Arjona, donde se están arrancando olivos para la instalación de plantas fotovoltaicas. Los agricultores, unidos en la Plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, han emprendido la acción para luchar por lo que siempre fue suyo.
El portavoz de la Plataforma, Rafael Alcalá, ha explicado a Espacio Andaluz que esto es un proceso que comienza en el Ayuntamiento en 2023, pero que los agricultores se encuentran con él cuando en julio llegan cartas de expropiación a algunos de ellos, porque se había anunciado únicamente a través de los boletines oficiales, a los que, salvo excepciones, ninguna persona cotidiana presta su atención. Es en este momento en el que los agricultores toman conciencia de lo que está en juego, relata Alcalá. No solo son los olivos, afirma, sino “los jornaleros sin trabajo, los subsidios, los autónomos que dejarán de serlo. No es beneficiario para el agricultor ni para el pueblo”.
Según Alcalá, a los agricultores de Lopera se les van a quitar más del 50% de sus tierras. En total, está previsto que en Lopera se construyan casi 1.000 hectáreas de placas fotovoltaicas que, además, lo hacen en pos del interés público, “para una empresa privada”, bromea Alcalá. El interés público radica en el artículo 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, por el que se establece que la declaración de utilidad pública “llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación”.
Además, estas empresas, explica Alcalá, realizan sus contratos de manera que eluden la normativa estatal, por lo que aunque se autoricen varias plantas fotovoltaicas, la realidad es que solo es una megaplanta, pues los distintos proyectos estarán ubicados en parcelas colindantes. “Las empresas han fraccionado proyectos para no superar los 50 MW, todos tienen un máximo de 49,9”, y esto provoca que la normativa a la que se acojan sea a la normativa autonómica, no estatal.
Otra polémica es la compensación económica que esta empresa estaría realizando a los agricultores de la zona. Alcalá asegura que el 99% de los agricultores no están llegando a acuerdos con la empresa y que están empezando a ser “coaccionados”, y que los primeros que lo hicieron “lo hacían sin saber qué hacían”. La empresa está obligada a compensar económicamente a los dueños de la propiedad y, si no llegan a un acuerdo, se fija un precio, que normalmente suele ser inferior a las negociaciones privadas. Además, la Plataforma reclama que las empresas quieren “arrendar”, no “comprar”, por lo que existe el miedo a que cuando deje de ser conveniente, las hectáreas que están a apenas cuatro kilómetros del municipio de Lopera se conviertan en un desierto.
La diputada de Por Andalucía, Inma Nieto, expuso este problema en sede parlamentaria en la última sesión de plenos, alegando que: “Cuando se empezó a hablar del despliegue masivo de energías renovables ustedes hicieron un mapa sobre como debían ser los suelos en los que se pudieran aplicar esas extensiones de fotovoltaicas. A petición de estas empresas multinacionales, retiraron el mapa, modificaron la ley para que la opinión de los ayuntamientos no fuera vinculante y empezaron a facilitar el despliegue masivo de empresas que empezaron a llamar a las puertas de los ayuntamientos para conseguir los suelos que ellos consideraban más adecuados para su despliegue. Y para tenerlos necesitaban que esos suelos, cuando los agricultores no querían vender, se expropiaban, y a eso se esta prestando usted con esos delegados territoriales, declarando de utilidad pública suelos que son fértiles, que están produciendo y que dan miles de jornales a los pueblos colindantes a las parcelas”.
El olivar como Patrimonio de la Humanidad
Fuentes ecologistas han señalado a Espacio Andaluz que este problema, que “va a ir a más”, se podría haber evitado con la iniciativa que pretendía declarar los paisajes del olivar como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, el rechazo mostrado por una plataforma circunscrita a la zona ‘contestataria’ -la C14- a esta declaración, que se ubica en la campiña jienense, impidió la unanimidad y el acuerdo para la propuesta. Este “error histórico”, tal como lo declaró el vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, en abril de este año, habría propiciado que estas situaciones no se produjeran.
El problema, tal como reconoce Alcalá es que lo que estas empresas están haciendo está permitido por la ley, aunque esto no quita que perjudica y deja desamparados a agricultores a quienes según la plataforma contra las megaplantas, lo máximo que han llegado a ofrecer es 2.600 € anuales por el arrendamiento de las hectáreas, aunque otras fuentes indican que en privado la negociación alcanza hasta los 6.000€ por hectárea.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
