Distintas organizaciones, sindicales, políticas y sociales, han pedido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encabezado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, un mayor compromiso con la situación que viven miles de personas en los asentamientos chabolistas de Huelva, donde carecen de las condiciones dignas de salubridad y de acceso a agua potable.
En una carta remitida al Ministerio y firmada por organizaciones como la Mesa Social del Agua de Andalucía y UGT Andalucía, o personas como el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Esteban Rodríguez o la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se solicita que la administración actúe de forma “urgente” para atajar la situación de “emergencia” que viven los trabajadores de la fresa en Huelva.
Concretamente, se calcula que entre dos o tres mil personas estarían viviendo en estas condiciones de insalubridad que denuncia la carta dirigida al Ministerio. Además, la misiva señala que después de 25 años de “inacción” de empresarios y administraciones ante la situación de las chabolas, es “urgente” que se tomen las medidas necesarias para paliar esta injusticia humana.
Este sector económico aporta en torno a un 8% al PIB andaluz, especifican los firmantes, y, en total, ocupa a un total de 100.000 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, las condiciones sociales y de vida son muy distintas. La misiva hace referencia a los asentamientos chabolistas de Lepe, Moguer, Palos de La Frontera y Lucena del Puerto. Los remitentes señalan que es “necesario que se establezcan de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar el acceso a agua potable para el consumo y aseo de las personas que habitan estos asentamientos”.
En la carta se explica que en los últimos meses, las organizaciones han venido trabajando junto con este Ministerio a través de los distintos canales de participación en el diseño e implementación del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana. En este se reconoce esta problemática y se establece como línea prioritaria: (Línea 13. Mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas). Dentro de la misma se contempla como acción el “acceso de los temporeros al alojamiento digno” estableciendo “a corto plazo, módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica”.
“No podemos entender que en pleno siglo XXI las administraciones y los empresarios del sector no tengan las suficientes herramientas como para ofrecer una alternativa habitacional digna que no atente contra la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores”, condena la carta.
Además, los problemas que señala, donde el acceso al agua potable y la falta de un alojamiento digno son la punta del iceberg, se agravan en verano con las altas temperaturas que se experimentan. “Especialmente sensible es el problema de la ausencia de puntos de agua cercanos a los asentamientos obligando a las personas a desplazarse en bicicleta varios kilómetros para conseguir el agua. Sin olvidar que, al no poder conservar los alimentos, tienen que desplazarse todos los días a los núcleos urbanos, situados también a varios kilómetros, para la compra de los mismos”.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
