Prevaricación administrativa. Ese es exactamente el presunto delito que podrían haber cometido los tres últimos gerentes del SAS, la actual máxima responsable, Valle García, y sus predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y por el que han sido imputados judicialmente tras supuestamente haber adjudicado a dedo cientos de millones de euros a clínicas privadas entre 2021 y 2024 prorrogando durante estos cursos contrataciones que fueron licitadas por la Administración andaluza en el primero de estos años, cuando el Gobierno de España habilitó una ´vía exprés’ para las licitaciones de los entes públicos autonómicos que agilizase la respuesta de estos ante la pandemia.
Pese a que este mecanismo dejó de estar vigente en ese mismo año 2021, el Servicio Andaluz de Salud siguió “abusando”, “de manera injustificada” -como han advertido interventores de la propia Junta de Andalucía-, durante los años posteriores, inclusive en el presente curso, de este proceder, ya, desde entonces, “al margen de la ley”, con el objetivo de sortear la publicidad y libre y competitiva concurrencia que reza en los protocolos ordinarios de contratación de la administración pública autonómica y asignar dotaciones millonarias a clínicas privadas de forma discrecional.
Hasta la fecha, los únicos querellados eran los dos exgerentes del SAS, Vargas y Guzmán, quienes eran los número dos de la Consejería de Salud mientras se efectuaban las adendas “al margen de la ley” de estas contrataciones de emergencia concedidas a centros sanitarios de titularidad privada por un valor de 243 millones de euros. De hecho, el propio Miguel Ángel Guzmán quiso fichar como director médico en Andalucía de la aseguradora privada Asisa -una de las más beneficiadas por estas contrataciones millonarias durante el período de mandato de este- apenas cuatro meses después de que dimitiese de su cargo como gerente del principal órgano sanitario de la comunidad. La noticia provocó una tremenda polémica que llevó a la Administración andaluza a prohibirle su incorporación a dicha entidad privada hasta julio del presente curso -se desconoce hasta la fecha si finalmente ha sido contratado por esta compañía de seguros o no-, cuando el ente público entendía que ya no vulneraba la ley de incompatibilidades andaluza para cargos públicos.
Este pasado 11 de noviembre, sin embargo, el PSOE-A, personado en calidad de acusación particular en el proceso, decidió ampliar la querella a la actual gerente del SAS, la citada Valle García Sánchez, al detectar que se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio del presente curso 2024, a las que ha tenido acceso el diario El País.
La primera estas prórrogas a estos contratos que buscaron eludir la publicidad y la concurrencia competitiva, es decir, los protocolos ordinarios de contratación del ente público, permitiendo así que fuese y sea la Administración andaluza la que dirima discrecionalmente con quien licita y por cuánto, fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para la “prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológico del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Un contrato que solo debió ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de ese mismo año pero que, ahora bien, ha ido extendiéndose hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
