La empresa del ultraderechista Daniel Esteve, dedicada a los desalojos extrajudiciales y cuyas formar de operar y trabajadores -algunos de ellos violentos y de ideología neonazi- han generado importantes críticas desde su fundación en 2016, sigue granjeando animadversión allá por donde va. La última de las voces contrarias a esta organización ha sido la de la formación progresista Sumar, quien se ha unido a la propuesta formulada el pasado verano por la agrupación andaluza Adelante Andalucía de «ilegalizar» esta organización, aduciendo, en este caso, que «no se pueden tolerar grupos parapoliciales» en España.
Las declaraciones en torno a Desokupa de la agrupación de izquierdas han germinado tras el anuncio por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de un polémico convenio entre ambas firmas, «no homologable ni baremable», como han confirmado el propio Ministerio del Interior y la Policía, para que el que ha denominado el propio Esteve como «Club Desokupa» -para intentar limpiar legalmente el nombre de la ‘nueva’ compañía- imparta cursos de defensa personal a 30.000 agentes de policía.
Sumar ha calificado a esta organización de «banda escuadrista de extrema derecha», a tenor también de que no son pocas las veces que se le ha visto a su máximo responsable, el propio Esteve, liderando determinadas campañas o movilizaciones de este corte, como las que se produjeran en Madrid durante el mes de noviembre en contra de la ley de amnistía, o, la colocación de conflictivas lonas gigantes en Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, importantes (ex)dirigentes de Podemos, como Irene Montero, Pablo Iglesias o Ione Belarra, o contra el político catalán Carles Puigdemont, bajo citas como «seguiremos limpiando las calles» o «tú a Marruecos». El grupo político rosado aplicar el pide artículo 22 de la Constitución Española (CE), que recoge que «se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar».
Adelante Andalucía, pionera en territorio nacional en proponer su ilegalización
Adelante Andalucía ya anunció, en julio de 2023, que llevaría al Congreso de los Diputados la «ilegalización» de Desokupa, siendo la primera que propuso la iniciativa en territorio español, arguyendo que esta «utiliza el odio, la discriminación y la violencia contra personas vulnerables para sacar beneficio económico».
La formación andalucista elevaba dicho asunto, precisamente, tras la instalación de la enorme lona de esta entidad en Madrid llamando a desocupar el Congreso de Pedro Sánchez e insinuando que se fuese a Marruecos, «fomentando» así el la intolerancia, las «mentiras» y «llamando a la expulsión de cualquiera que piense diferente»: «Si se atreven a hacer eso con un presidente del gobierno, ¿qué no se atreverán a hacer a una persona vulnerable sin el foco público?”, se preguntaba la por entonces candidata de Adelante Andalucía a la Cámara Baja, Pilar González.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
