Moreno sigue pretendiendo que le construyan la casa empezando por el tejado desde Moncloa, pese a que, desde 2019, él mismo y su Gobierno disponen de recursos suficientes e históricos, como mínimo, para hacer de la comunidad que regenta una Andalucía pujante que reduzca la brecha económica y social con el resto del mapa nacional y que, ya puestos, lidere alguno de los ítems.
La realidad andaluza trasciende completamente cualquier posible reformulación de la financiación que recibe el territorio a manos del Estado, a la que se ha abierto, ahora bien, el Ejecutivo de Sánchez, y continúa a la espera de la «Andalucía prometida» por el propio líder malagueño y por los populares andaluces en las dos últimas elecciones autonómicas, puesto que son hasta 250 los compromisos electorales incumplidos hasta la fecha por el actual Gobierno de la Junta y muy variadas las materias en los que la comunidad los adolece: ejecución de fondos europeos -Next Generation, estructurales o de recuperación-, empleo, sanidad, educación, industria, igualdad y un largo etcétera.
El máximo dirigente andaluz sigue alzando la voz por la «infrafinanciación» del territorio, pese no solo a cerrarse a un posible acuerdo bilateral entre Junta y Gobierno central, que haga uso del Estatuto de Autonomía del que goza Andalucía como nacionalidad histórica, para mejorar las prestaciones que reciba desde el Estado, sino a seguir endeudado con los andaluces y andaluzas en torno a promesas por las que pidiese el voto para su candidatura, como le recordó el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, en la charla que mantuvieron ambos este lunes en San Telmo tras la reunión del máximo responsable del PP-A con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en la misma Moncloa.
En un texto de 23 páginas denominado, precisamente, «La Andalucía prometida», a modo de, consideran, precuela del que Moreno llevase consigo a la cita con el máximo dirigente del Gobierno nacional -«Andalucía por la igualdad»-, Espadas y el PSOE-A quisieron recordarle los más de dos centenares de compromisos electorales inconclusos cuyas competencias y responsabilidad son fundamentalmente autonómicas. Asuntos, a día de hoy, fallidos por la gestión desarrollada por el PP-A, como la «creación de 600.000 empleos en 4 años», el «plan de choque contra el desempleo femenino y a favor de la empleabilidad de la mujer y la igualdad en el empleo» y la «ley de promoción de la industria en Andalucía», en materia laboral e industrial; la puesta en marcha de «un gran pacto sanitario» que afronte los problemas reales de la sanidad andaluza con el fin de garantizar un sistema público sanitario universal, gratuito y de calidad para cualquier persona que viva en Andalucía» y la reducción de «el plazo máximo garantizado para una intervención quirúrgica a 60 días naturales» o los «tiempos máximos de espera para las pruebas diagnósticas a 10 días naturales», en terreno sanitario.
Tampoco se quedan atrás compromisos provinciales sanitarios incumplidos, como los «nuevos centros de atención primaria en el centro de Almería, en Huércal y en Huércal-Overa», el «garantizar el servicio médico en las zonas rurales sin reducirles días u horas en relación con lo que han tenido anteriormente», la «construcción de un nuevo hospital de referencia en Cádiz» o la «apertura integral del Hospital de Estepona»; o, promesas que continúan sin hacerse efectivas en lares educativos, como el «Gran Pacto Andaluz por la Educación», la «gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años», la «ampliación hasta cubrir la demanda total de climatización», el «100 % de cobertura de la demanda de plazas de FP pública» o la «eliminación de amianto de los centros escolares» andaluces.
Por último, amén de otras materias adicionales de semejante relevancia, uno de los grupos de población más lastrados por las políticas del Gobierno andaluz, los y las jóvenes, afanan ver culminados sus deseos de una «nueva ley de juventud», la «aprobación de una ‘agenda de oportunidades para los jóvenes andaluces'», la «construcción de un mínimo de 20.000 VPO y alojamiento protegido para jóvenes» y el desarrollo de «programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la vivienda con una dotación mínima adicional de 50 millones de euros».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
