Una sentencia judicial dictada en Granada a raíz de la demora en hasta 26 meses de la Junta de Andalucía en la tramitación de la ayuda a la dependencia de una solicitante, ya fallecida -con 76 años-, ha abierto una importantísima vía para reclamar compensaciones a la Administración pública andaluza por los retrasos en la ejecución de la Ley de Dependencia, que en la comunidad, de la mano del actual Gobierno de la Junta, se extiende de media a la friolera de los 609 días, es decir, durante más de 20 meses, pese a que la ley estipula que no puede sobrepasar los seis.
Un juzgado de lo Contencioso ha condenado en sentencia firme al ente público a estudiar una compensación para los herederos de esta mujer, quien perdió la vida antes de llegar a serle aprobada este asistencia, que fue aprobada 32 meses después de que esta la solicitase.
La causa judicial se remonta a 2020, cuando la familia le pidió inicialmente a la Junta 9.000 euros. El Gobierno andaluz respondió entonces que se había excedido en el plazo máximo de seis meses para gestionar la ayuda, pero negó la opción de recibir una indemnización porque las dos afectadas habían solicitado la compensación un día fuera de plazo.
Las dos hijas de la beneficiaria, una vez difunta esta, pusieron la causa en manos de un despacho de abogados, que recurrió el dictamen en el que el ente público negaba su indemnización por haberla pedido un día tarde. La resolución judicial obliga ahora a que la Junta estudie y fije una indemnización para estas y para casos semejantes, dejando sin validez, asimismo, la propia decisión de la Administración andaluza de negarles una retribución como restitución de lo ocurrido.
La sentencia determinada por el juzgado granadino, contra la que no cabe recurso, dota ahora de un fructífero mecanismo con el que otras tantísimas familias y afectadas y afectados puedan reclamar, al menos, una indemnización ante el dramático ralentí que sufren y padece la dependencia en territorio andaluz, donde hay aproximadamente 60.000 en la lista de espera pendientes de recibir su prestación, según los últimos datos ofrecidos por CCOO Andalucía.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
