La Fiscalía Anticorrupción se hará cargo de la investigación abierta contra la trama de contratos irregulares otorgados a dedo por el Gobierno de Moreno por valor de 243 millones de euros entre 2021 y 2023 haciendo uso de un marco legal ya entonces derogado -no vigente-.
La decisión del órgano público supone un nuevo paso en las pesquisas que ya andan desarrollándose en torno a este “sistema de trabajo al margen de la legalidad” -como ha sido advertido judicialmente- tras la admisión a trámite por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía contra el Ejecutivo andaluz por supuesta malversación y prevaricación de la adjudicación de estos contratos a centros sanitarios de titularidad privada, que fue efectuada de manera discrecional, es decir, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y que recurrió al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia, pero que la Administración andaluza extendió hasta 2023 a pesar de ya estar caduco.
Fue entre enero de 2021 y junio del citado curso 2023 cuando el Gobierno autonómico concatenó adendas a cada contrato -con ampliaciones de gasto- y prórrogas al Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el ahora ex director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán y que contaba con un presupuesto inicial de 70 millones de euros.
Estas extensiones contractuales fueron alargadas de manera “injustificada”, -como han señalado recientemente interventores del propio SAS que han analizado los movimientos desarrollados por este órgano sanitario durante el curso 2021 -el último del que se tiene datos-, durante más de dos años pese a que el marco legal autorizado hasta 2021 se encontraba, posteriormente, ya extinto. De hecho, no fue hasta marzo de 2023, cuando elDiario.es desveló que estos contratos excepcionales con clínicas privadas seguían vigentes, cuando la Administración andaluza decidió poner fin a este “modus operandi” -como lo ha catalogado el Grupo Socialista andaluz- que les permitía asignar licitaciones de manera arbitraria y bajo su propio designio, favoreciendo a un grupo determinado de empresas.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
