Las últimas declaraciones de la recientemente nombrada nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, en las que culpa a los pacientes de que el sistema sanitario público andaluz esté colapsado, asegurando que su Consejería pretende «incidir en la educación» de los usuarios y usuarias para que no abusen de la demanda, han germinado una importante polémica entre la población andaluza.
La nueva máxima dirigente de la cartera sanitaria andaluza, lejos de poner el foco de la causalidad de la crisis sanitaria en la comunidad en el desmantelamiento intencionado que viene perpetrando durante los últimos cinco años el actual Gobierno andaluz, desde el que forma parte desde hace ya un mes y que ha detraído cientos de millones de euros de la sanidad pública autonómica en beneficio de clínicas privadas, ha pedido a los andaluces y andaluzas que usen con prudencia el sistema sanitario, llegando incluso a sugerirles que «el catarro común, sin una patología de base, es algo por lo que quizás no hay que ir al médico».
No es la primera polémica que siembra la sucesora en el cargo de la ya revocada Catalina García, puesto que cabe recordar que la primera medida de Salud al mando de la propia Hernández fue la de borrar de un plumazo del sistema público hasta tres fundaciones de investigación sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS): la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental Alejandro Otero (Fibao), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) y la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi).
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
