La Consejería de Educación tendrá que acudir a los tribunales por vulnerar las ratios legales en un importante número de centros escolares localizados en la provincia de Sevilla. La entidad demandante, la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (Ustea), más concretamente, su organización sevillana, ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra la cartera dirigida por la popular Patricia del Pozo por incumplir la ley orgánica 3/2020 de 26 de diciembre que habla de “un ajuste de ratios como elementos a favorecer para el bienestar del alumnado”.
Pese a que la ley es clara en este sentido, estableciendo como máximo un número de alumnos y alumnas en las aulas andaluzas no superior a los 25 en Infantil, 30 en Secundaria y Formación Profesional y 35 en Bachillerato, numerosos centros escolares de la capital hispalense, como el CEIP San Pablo, el CEIP Pío XIII, el IES Llanes o el IES Vicente Aleixandre, u otros muchos de la provincia, como el CEIP Poetas Andaluces y el IES Jesús del Gran Poder, en Dos Hermanas, o los colegios Concepción Vázquez y Reina Fabiola, de Alcalá de Guadaira, superan con creces estos parámetros en diversos niveles educativos.
De hecho, estos niveles, como reconoce este sindicato andaluz, alcanzan su máximo en el mes de junio, en el que algunas clases en Primaria e Infantil llegan a soportar una cantidad de estudiantes de “hasta 28”, en Secundaria, de “hasta 33”, y, en Bachillerato, de la friolera de “hasta 38” alumnos y alumnas.
Una baja ratio de alumnado en las clases es fundamental para una correcta adquisición de competencias educativas, ya que mejora la atención individualizada al alumnado ordinario y beneficia a los que tienen necesidades educativas especiales; reduce el alto nivel de estrés al que está expuesto el profesorado, que tiene que atender a una ingente cantidad de alumnos y alumnas a la par que prepara materiales educativos, estima la diversidad de los mismos y mismas o lleva a cabo toda la burocracia que la Consejería le hace rellenar.
Ustea, ya a principios de este curso, pidió a la delegación provincial de Educación que fueran revisados los criterios de planificación, para revertir esta situación. Precisamente ha sido la “inacción” y la “falta de respuesta”, según confirman, la que les ha hecho tomar la decisión de acudir a la Justicia por el bien de la educación pública, de su alumnado y de los y las docentes de la enseñanza andaluza.
La organización sindical, además, considera que la Junta juega un “doble rasero” a la hora de gestionar la educación autonómica: por un lado, cierra clases en los centros públicos, “alrededor de 2000 desde que gobierna Moreno Bonilla”, pero, por otro, “no toca apenas los colegios concertados”, escudándose en que la natalidad es baja para este recorte de aulas, que, sin embargo, afecta exclusivamente a la pública, pese a que esta presunta reducción de la natalidad debería afectar a ambas por igual.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
