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Otro golpe de toga demasiado burdo

Durante las últimas semanas, estamos asistiendo, sin lugar a dudas, a uno de los instantes más humillantes de la Justicia en España y, con ello, de la todavía lozana y débil democracia española. Si tras la infatigable persecución a Podemos y a sus principales dirigentes por parte del Gobierno de Rajoy, haciendo uso de todos los aparatos del Estado y de la manifiesta complicidad de jueces como Manuel García Castellón, los españoles y españolas pensaban que no habría réplica alguna futura de esta, la clara incursión, y sin escrúpulos, en el devenir político nacional del ya famoso togado Juan Carlos Peinado, en una causa judicial contra Begoña Gómez, la mujer del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tumbado la duda.

No son pocos los jueces y juezas que ya han advertido de lo que no es ninguna novedad: que son múltiples las irregularidades judiciales que está cometiendo el juez madrileño en el proceso y que estamos ante un nuevo golpe judicial o golpe de toga, es decir, ante los designios de un togado y de todos sus secuaces, políticos, mediáticos, económicos o culturales, de revertir lo que fuese elegido democráticamente en las urnas por la ciudadanía española el pasado 23 de julio. Una fecha, precisamente, desde la que la (ultra)derecha ha vuelto a recurrir a olvidarse de hacer oposición, pese a demócratas que dicen ser, para pasar a la acción y activar todos los resortes de los que disponen, entre ellos, el poder judicial.

Esta táctica de alzarse sobre lo votado por la población en los comicios, desacreditando, atacando, persiguiendo y acosando al rival político, considerado como un enemigo de suma cero, es más común actualmente de lo que pensamos y responden a un mismo tejido de dispositivos y conexiones ‘lógicas’ en su funcionamiento, cuyo fin es exactamente idéntico al que procuraban los ya vetustos golpes de Estado militares: derrocar al oponente político. Antes, a través del uso de las armas, ahora, apelando a las instituciones del Estado. ¿Su nombre? Lawfare, en inglés, guerra judicial, en español.

cuyo fin es exactamente idéntico al que procuraban los ya vetustos golpes de Estado militares: derrocar al oponente político. Antes, a través del uso de las armas, ahora, apelando a las instituciones del Estado. ¿Su nombre? Lawfare

Todo lo que gira a la causa abierta por Peinado, cuya hija, recordemos, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid), cumple con exactitud con la parafernalia propia de estos ataques a la salud de las ya maltrechas democracias liberales occidentales. En primer lugar, la denuncia de la que parte la instrucción de este impúdico juez fue obrada por el pseudosindicato Manos Limpias -liderado por una de las caras visibles de la derecha franquista en Madrid, Miguel Bernad- y en ella no había anexada prueba alguna más allá de recortes de ocho informaciones publicadas por diversos medios y tabloides digitales, incluido el bulo publicado por The Objective en el que se atribuía una subvención a la esposa de Sánchez, cuando en realidad se trataba de otra persona con el mismo nombre.

Más tarde, este magistrado tardío, que suma varios casos polémicos a sus espaldas, como el de la imputación a doce periodistas por informar sobre el sumario de los CDR, se vio obligado a suspender la declaración de Begoña Gómez, al serle notificada a esta ya in situ, en sede judicial, y no previamente como está estipulado, que investigaba una ampliación de la querella inicial. “No se puede pretender notificar una querella y que se preste declaración inmediatamente”, aseveraba el abogado de la esposa del presidente del Gobierno, quien también desvelaba estar produciéndose “cosas singulares”, como esta, en la causa.

La última de las controvertidas decisiones, a la que se ha sumado la citación como testigo el próximo 29 de julio de un individuo, Félix Jordán Urríes, a quien se le atribuye, de oídas, ser “el monitor de esquí” de Pedro Sánchez y de su cónyuge, a partir de la carta de un vecino, ha sido la llamada a declarar del propio máximo dirigente del Ejecutivo nacional, que será interrogado por el togado  en Moncloa el 30 de julio, al considerar este “conveniente”, “útil” y “pertinente” su comparecencia.

Todos estos movimientos responden a una clara máxima y que bien escenificaba el siempre inescrupuloso expresidente español José María Áznar, uno de los peores sujetos que ha transcurrido por la política española, este pasado mes de abril, cuando llamaba a todos las naves nodrizas derechistas y ultraderechistas a atacar antidemocráticamente al Gobierno progresista, al PSOE y a Sánchez, desde cualquiera de los organismos del propio Estado y cualesquiera fuera de él: “El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte”, decía aquel individuo que sumergió a España en la Guerra de Irak, con los  terribles efectos ya más que conocidos.

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).

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