Juanma Moreno hablando por teléfono en su oficina
Juanma Moreno hablando por teléfono en su oficina

El fracaso de la alarma de la ocupación se constata en Andalucía: mientras el teléfono de la Oficina Antiocupación recibe 12.814 llamadas en cuatro años se desahuciaron más de 15.000 viviendas

28 May, 2025 · 11:07h

El teléfono de la Oficina Antiocupación de la Junta de Andalucía ha recibido, en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, un total de 12.814 llamadas. Cuatro años en las que las oficinas provinciales han recibido alrededor de 8 llamadas diarias, sin que implique y/o signifique que todas estas llamadas se circunscriban a avisos de ocupaciones de viviendas, ya que este teléfono también está habilitado para facilitar información al ciudadano u otras labores. No se sabe cuántas de estas llamadas acabaron siendo para denunciar ocupaciones de viviendas.

Las oficinas provinciales antiocupación fueron puestas en marcha en enero de 2021, después de un acuerdo entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, en un plan contra la ‘ocupación ilegal de viviendas’, un argumento muy habitual en la derecha política española que, cuando se encuentra de bruces con los datos, cae por su propio peso, como puede comprobarse aquí mismo. Mientras que el teléfono antiocupación de la Junta de Andalucía recibía 12.000 llamadas, en ese mismo período, se produjeron en nuestra comunidad más de 15.000 desahucios (4.027 en 2024, 4.451 en 2023 y 6.717 en 2022).

La realidad es que mientras que la ocupación no se desvanece del argumentario de los partidos que tratan de enmascarar el verdadero problema de la vivienda, es un asunto que afecta a, tan solo, el 0,057% de los inmuebles en España. Según una consulta de 40db para La Ser y El País el pasado febrero, el fenómeno de la ocupación está sobredimensionado y sobreexpuesto. Hasta tal punto, que los españoles perciben este problema 1.000 veces más grande de lo que es en realidad. En septiembre de 2024, en el CIS andaluz elaborado por el Centra, perteneciente a la consejería de Presidencia, se preguntaba precisamente por la ocupación y de cómo esta afectaba a la ciudadanía andaluza y al problema de la vivienda.

El diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, José Manuel Gómez Jurado, explica el uso de “cortina de humo” que se hace con la ocupación: “Utilizan la okupación como cortina de humo. Las cifras reflejan que la okupación lleva años bajando en Andalucía y ya era baja cuando trataron de convertirlo en un problema. Los datos del teléfono antiokupación reflejan eso mismo, que en algunas provincias las llamadas son irrisorias. También habría que cotejar cuántas de esas llamadas acaban siendo verdaderamente okupaciones y cuántas son situaciones completamente distintas. También se está dando un nuevo fenómeno que es el de la venta de casas que tienen algún régimen de alquiler y se venden como okupadas”.

En Andalucía habría 640.000 casas vacías en propiedad de fondos de inversión y bancos, cuya inutilización provoca un aumento del encarecimiento de la vivienda, debido a que se reduce la oferta y la demanda no disminuye, por lo que los tenedores de vivienda aumentan los precios de las mismas. Este es el argumento que Adelante Andalucía ha utilizado en su propuesta de nueva Ley de Vivienda para Andalucía.

La mayoría de los 15.000 desahucios que se produjeron en el período en el que el teléfono antiocupación se instaló fueron por impagos de alquiler. Siendo la punta del iceberg del importante problema que soporta Andalucía con, cada vez, mayores consecuencias: paro, trabajo precario y aumento del precio de la vivienda, en régimen de compra o alquiler. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Centra preguntaba por un problema totalmente menor y prácticamente inexistente en nuestra comunidad.

Mientras tanto, el Ejecutivo andaluz y su presidente, Juanma Moreno, califican el problema de la vivienda como un “problema de Estado”. Para Moreno, la situación de la vivienda se debe a la escasez de oferta, lo que provoca un aumento de los precios que hace imposible que muchos andaluces puedan acceder a ella, por lo que ha prometido la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

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