Cristian López DomínguezEl «suspenso temporal» de la fiscalización de los miles de contratos adjudicados a dedo por el Gobierno de Moreno a entidades privadas que operan en lares sanitarios durante los ejercicios 2022 y 2023 sigue trayendo cola. La medida anunciada por la Cámara de Cuentas continúa sin entenderse, a tenor de que el análisis de las contrataciones efectuadas por la Administración andaluza durante el año inmediatamente previo a estos dos, 2021, destapó la llamada «trama del SAS», el entramado dispuesto durante ese curso por el Servicio Andaluz de Salud para otorgar discrecionalmente a un puñado de empresas de titularidad privada un sinfín de contratos troceados por cantidades finales millonarias.
Unos de los importantes hándicaps que podrían esconderse detrás de esta inexplicable pausa de las pesquisas examinatorias (que son parte ahora de dos causas judiciales que investigan grandes prácticas fraudulentas a manos del actual Gobierno andaluz en este sentido) es la estrechísima vinculación del actual presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, con el PP andaluz y con el vigente Ejecutivo autonómico. Tanta, que fue durante un tiempo uno de los más altos cargos del ente público de Moreno.
Concretamente, Cardenete fue viceconsejero de Turismo del primer Gobierno del PP en Andalucía, desde que se aupase la formación conservadora con los mandos de la Junta y hasta el mes de abril de 2022, cuando, tras la muerte del difunto exconsejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, fue nombrado sustituto del exentrenador de baloncesto melillense, como máximo responsable provisional de la cartera educativa y deportiva de la Junta de Andalucía.
Ante esta ya no cercana, sino apretadísima relación entre el máximo dirigente del órgano que debería de fiscalizar el buen hacer (legal y legítimo) de la administración pública andaluza, haciéndolo de manera independiente y en un escenario en ausencia completamente de conflicto de intereses, que el PSOE de Andalucía, una de las organizaciones denunciantes de la praxis fraudulenta del Ejecutivo autonómico pedirá esta semana en el Pleno del Parlamento andaluz, a través de una iniciativa parlamentaria, su reprobación al considerar que «hay una operación institucional de encubrimiento» de la que formaría parte Cardenete, de quien ha aseverado que «no puede vetar que se estudien y fiscalicen los contratos menores en una época en la que él era consejero del Gobierno de Andalucía».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
