Cristian López DomínguezEl juez de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, el encargado de dirigir las pesquisas judiciales que se están desarrollando en torno a la «trama del SAS», el entramado de contrataciones fraudulentas por valor milmillonario entre el SAS y clínicas privadas que operan en lares sanitarios en la geografía andaluza, así como la Fiscalía, se encuentran examinando un grueso importante de correos electrónicos entre el órgano sanitario de la Junta y estos centros sanitarios de titularidad privada en el curso 2021, en los que la Administración andaluza pudo advertirle a estas clínicas que suspendiesen los conciertos para volver a adjudicarles las mismas pruebas pero a un valor más alto del acordado hasta entonces.
Entre uno de esos mails recaudados por los juzgados de instrucción sevillanos y el Ministerio Fiscal se encuentra uno, como ha desvelado elDiario.es, que tiene fecha del 2 de junio de 2021, entre el SAS y la directora gerente territorial de Andalucía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Pilar Serrano Moya, y que fue dirigido a la Subdirección de Accesibilidad y Continuidad del SAS. En él, este alto cargo de Quirón en Andalucía le detalla que el hospital «tiene concierto ordinario con un crédito de 1.243.000 euros», pero que «nos informásteis que teníamos que renunciar» a esa licitación ordinaria «para acogernos al Contrato de Emergencia».
Acto seguido, esta dirigente del centro hospitalario de Quirón, Sagrado Corazón, le reclama a esta directiva del Servicio Andaluz de Salud que le explique de qué forma prescindir de la contratación ordinaria que tenía suscrita el centro hasta ese momento para «acogerse» a una adjudicación a dedo, que, paradójicamente, supondría un importante sobrecoste para las arcas de la administración pública andaluza: «Por favor, dime cómo procedemos para incrementar el saldo actual».
A preguntas del propio elDiario.es, el SAS se ha negado a hacer declaración alguna en torno a este y a otros suceso del estilo, eludiendo por el momento dar explicaciones y alegando que el caso está judicializado en los tribunales autonómicos.
El entramado organizado desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para miles de contratos bajo la fórmula de la ‘vía exprés’ de los ‘contratos covid’ con un «puñado de empresas» (como así lo describen los propios interventores que fiscalizaron los contratos de la Junta con estos centros privados), pudo suponer, además, tal y como ha desgranado la propia investigación judicial, grandes beneficios para estas entidades de titularidad privada que operan en sanidad.
Y es que cabe subrayar que el SAS paga precios superiores a los ordinarios cuando contrata haciendo uso de la llamada vía de emergencia, de forma que las clínicas que asumen estas operaciones y pruebas reciben un importe mayor por cada una de ellas. En concreto, el SAS, en términos de pruebas diagnósticas a efectuar, paga, por ejemplo, 80 euros más por un TAC a través de ese marco urgente o 35 euros más por una resonancia magnética.
Un hándicap que podría suponer, de confirmarse que fue la Administración de Juanma Moreno la que planteó a las clínicas privadas el «dejar en suspenso» las contrataciones para volver a recuperarlas a un valor más caro, mediante ‘contratos covid‘, un indicio manifiesto de menoscabo de fondos públicos desde el Gobierno del PP en la institución andaluza.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
