Cristian López DomínguezSon el motor de la economía onubense, donde solo el sector de la fresa produce hasta el 8,86 del PIB de la provincia; un eslabón fundamental en la cadena de producción de este negocio, que genera al año 400.000 toneladas de este productos, puntal también de la economía de toda Andalucía, que es repartida mayoritariamente a multitud de países europeos (Francia, y Alemania, en especial) y, en el caso de la onubense, a todo el planeta (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido…). Y, sin embargo, la realidad que sufren los trabajadores y trabajadoras migrantes en el cultivo de frutos rojos en la provincia andaluza es durísima, deplorable, infame.
Este mismo lunes tuvo lugar el último de los incendios reportado contra asentamientos chabolistas en los que, inconcebiblemente, viven, en pleno siglo XXI y pese a lo fundamental de su labor, la amplísima mayoría de migrantes que trabajan en la fresa de Huelva. Fue en el paraje de Las Malvinas, en el término municipal de Moguer. Entre 50 y 60 chabolas fueron arrasadas por la ignición, dejando a la población migrante residente en este enclave sin enseres, sin provisiones, sin lo poco que tenían. Las autoridades locales, una vez más, quisieron recortar importantemente las cifras de infraviviendas afectadas para minimizar, como siempre, el impacto real de estas continuas tragedias (humanitarias, sin duda).
Antes del de Moguer, decenas de fuegos en asentamientos de migrantes distribuidos por toda la corona que forman municipios onubenses como Almonte, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera u otros tantos del entorno del Condado se han sucedido durante años, muchísimos de ellos provocados (como lo es también «presuntamente» este último, tal y como advierten representantes de los cuerpos de extinción del incendio y dirigentes políticos provinciales).
Una ola de eventos incendiarios que desde 2019 se ha cobrado la vida ya de cinco migrantes, según ha cifrado el diario Huelva 24. La última víctima: Kwadwo, un trabajador ghanés que llevaba 20 años en España, con sus papeles en regla, y que murió el pasado mes de enero calcinado bajo las llama del fuego que devoró su precaria vivienda, construida con materiales altamente inflamables. Antes de Kwadwo, Alasal (2019), Ato y Ghida (2021) y Alan (2022) también perecieron en semejantes condiciones cuando solo buscaban desarrollar una vida digna en territorio español, aunque fuese bajo escenarios infrahumanos.
A pesar de esta dramática situación, muchas son las instituciones y ayuntamientos de la provincia que se lavan las manos, poniendo trabas y paralizando la construcción de casas, soluciones habitacionales y proyectos esbozados sobre planes y planos para la mejora de la realidad de estas y estos profesionales migrantes. El propio Defensor del Pueblo Andaluz, que ha tenido que tomar cartas en el asunto, llegaba incluso a señalar la falta de implicación de dos consistorios municipales en concreto: los de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. Otros como Moguer o Lepe tampoco tampoco se quedan atrás a la hora de fijar obstáculos a la provisión de alternativas de vivienda a este colectivo.
Vídeo: Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
