El nuevo incendio producido el pasado 28 de diciembre en el asentamiento ‘El Bosque nº2’ de Lucena del Puerto (Huelva) ha vuelto a poner sobre la mesa la continua vulneración de los derechos humanos que sufren las personas temporeras que habitan dichos asentamientos. El último incendio ha arrasado con más de 120 chabolas y ha afectado a entre 80 y 120 trabajadoras del sector agrícola. Ante esta situación, Sumar ha elevado al Congreso de los Diputados la situación de estas personas, reclamando al Gobierno mayor seguridad para ellas y medidas de prevención.
El incendio del 28 de diciembre, en el que no hubo que lamentar pérdidas humanas, fue el tercero en 2024, lo que expresa a viva voz la alta vulnerabilidad a la que estas personas están sometidas en asentamientos precarios en el que tienen que malvivir mientras se buscan la vida en el sector agrícola. Concretamente, el sector que mayor mano de obra requiere en estos asentamientos es el de la fresa, que supone el 8% del PIB andaluz y que genera en torno a 80.000 y 100.000 puestos de trabajo.
En 2024, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectó un aumento de las infracciones y del número de trabajadores afectados. Así, entre 2019 y 2023, el informe arroja un total de 1.315 infracciones por incumplimientos de normativa laboral y de Seguridad Social, sobre todo relacionados con la contratación, duración de las jornadas y cotizaciones de los trabajadores. En el último año, 2023, se produjo un notable aumento de infracciones respecto al anterior, con un total de 445 casos, un 135% más que en 2022 y un 151% respecto a 2019.
Estos datos evidencian la desprotección de la población que nutre, anualmente, al sector fresero de Huelva de una mano de obra barata que posibilita que se haya convertido en el mayor exportador fresero del mundo. Sin embargo, las condiciones precarias de sus trabajadores aún dejan mucho que desear. En este sentido, el presidente de la Asociación La Carpa, Alfonso Romero, ha denunciado el trato que reciben las personas trabajadoras: “Los quieren a las seis de la mañana en la rotonda para que vayan a recoger las fresas y a las seis de la tarde los quieren fuera. No quieren que vayan al pueblo y no los quieren para nada. Cualquier opción que se les ofrezca, como el alquiler, está cerrada para ellos”.
Asimismo, Romero ha explicado que esta condición vulnerable y precarizada es, inevitablemente, fruto de una concatenación de malas actuaciones que van hilvanándose y postergando la situación: “Al no tener papeles, en vez de pagarles lo que está estipulado en el convenio del campo si no coge lo que le pagan o pone problemas al día siguiente no los cogen en la rotonda. Aquí estamos sin agua, sin luz y han dado órdenes de que se les retire las placas solares, el único elemento que tienen ellos para conectar con sus familias”.
Una desprotección que incumbe a las administraciones pero cuya inacción, ha denunciado el presidente de La Carpa, provoca estas situaciones. Desde Sumar también han cuestionado el I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales (EASEN) anunciado en 2023 por la Junta de Andalucía, que fue diseñado, precisamente, para abordar de manera estructural la problemática de los asentamientos. Del mismo modo, también existe un Convenio entre el Gobierno central y la Junta para dotar de dignidad a estos temporeros, a través de distintas líneas de acción como la construcción de vivienda, agua potable, carga eléctrica, red de albergues-alojamientos, etc.
Sin embargo, los hechos acontecidos el pasado 28 de diciembre, y durante todo 2024, parecen demostrar que las administraciones están fallando en la erradicación de estas precarias condiciones de vida y que afecta a cientos de miles de trabajadores.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
