EspacioAndaluzEl periodista sevillano José Antonio Rodríguez está en el punto de mira. Conocido por su larga trayectoria ligada al circunloquio cofrade de la capital hispalense, donde este año, justo por ese dilatado recorrido, será el encargado de oficiar el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, su nombre figura en estos momentos en una minilista de dudoso calibre profesional y ético.
Canal Sur ha anunciado recientemente la contratación “a dedo”, sin proceso selectivo, valoración de méritos y capacidades ni comunicación previa, de cinco periodistas afines al Partido Popular para que engrosen la lista de trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza durante los próximos meses, especialmente, a tenor de la proximidad de las elecciones en la autonomía. Contrataciones que hasta cuatro organizaciones sindicales (CCOO, CGT, UGT y la Agrupación de Trabajadores de la propia RTVA) han denunciado como “torticeras” y que cumplen una clara “maniobra electoral” y de “control del discurso”.
Uno de estos nuevos trabajadores ‘enchufados’ directamente en el ente público andaluz será José Antonio Rodríguez, quien, sin embargo, ha estado trabajando durante los últimos meses en el gabinete de comunicación de la consejería más importante y cercana a Juanma Moreno del organigrama de la Junta, la de Presidencia. Su cara, de hecho, ha sido visible en algunos contenidos para redes sociales que ha publicado recientemente la Junta de Andalucía, donde el reportero ‘improvisado’ era el propio periodista cofrade.
Asimismo, Rodríguez ocupó el cargo de director de Comunicación para el PP de Sevilla entre 2017 y 2021, como así reza en el apartado laboral de su perfil de Facebook, lo que le atribuye una ya prolongada carrera en las filas del Grupo Popular.
Tal es el escándalo que han generado estos cinco nuevos nombramientos, que dos de los sindicatos que han denunciado la discrecionalidad de las contrataciones de José Antonio Rodríguez y de los otros cuatro periodistas, CGT y UGT, han decidido demandar judicialmente a la RTVA por el “uso fraudulento del convenio”, “inconstitucionalidad” en la contratación e “incumplimiento reglamentario”.
Ambas organizaciones han condenado en sendos comunicados estas polémicas contrataciones, aduciendo que con ellas pretenden “enchufar a quienes le mandan desde San Telmo”. UGT, de hecho, ha reclamado la “paralización inmediata” del quinto contrato, todavía pendiente de firmarse.
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