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Foto: Diariofarma

El Gobierno andaluz ha continuado durante 2024 prorrogando los contratos a dedo “al margen de la ley” con clínicas privadas que ahora son investigados judicialmente

El Gobierno andaluz, a instancias del SAS, ha continuado durante el presente curso efectuando las contrataciones a dedo millonarias y “al margen de la ley” -como han sido repetidamente advertidas por parte de los propios auditores del principal órgano sanitario de la comunidad- con clínicas privadas que son investigadas actualmente por un juzgado de instrucción sevillano y por la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal.

En concreto, según ha desvelado elDiario.es, fue el pasado mes de enero cuando el SAS reactivó la prórroga de los contratos de emergencia (licitaciones básica y llanamente a dedo, sin que pasen por los controles de publicidad y libre concurrencia), otorgando más de 28 millones de euros a diez hospitales privados a través de la adenda (ampliaciones de gasto) de un mismo expediente administrativo de emergencia, que fue firmado el 20 de enero de 2021, aprovechando que el Gobierno central habilitó durante unos meses esta ‘vía exprés’ para agilizar la respuesta de las administraciones ante el punto más álgido de la pandemia por la Covid-19 y de la que han abusado posteriormente, pese a estar ya derogada -no vigente-.

Estas nuevas adendas, que son “modificaciones” del presupuesto originalmente acordado con estos centros hospitalarios de titularidad privada hace ya tres años para derivar pacientes a sus clínicas, suponen, además, la “cuarta”, “quinta”, “séptima” y hasta la “octava” extensión de gasto que lleva a cabo la Administración andaluza desde entonces con el mismo hospital privado. Todas ellas, asimismo, firmadas, por la actual gerente del SAS, Valle García, que ha sido imputada recientemente por el juez de instrucción encargado del proceso judicial ante la comisión de un posible delito de prevaricación administrativa, y todas, de la misma manera, bajo el mismo servicio contratado: prestación de asistencia sanitaria médica, diagnóstica y terapéutica para procedimientos oncológicos.

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).

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