Cristian López DomínguezLos últimos tres gerentes del SAS, Valle García (la actual), Miguel Ángel Guzmán (su predecesor) y Diego Vargas (el primero de los responsables sanitarios durante el mandato de Juanma Moreno), admitieron también este martes en sede judicial haber ignorado las órdenes de la Consejería de Hacienda andaluza en las que se les ordenaba detener la contratación a dedo otorgada por la Administración autonómica con clínicas privadas por valor millonario.
Según contextualiza elDiario.es, la Dirección General de Contratación de la cartera fiscal y económica andaluza, pilotada entonces por el hoy vicesecretario general del Partido Popular nacional, Juan Bravo, envió una instrucción escrita a todas las consejerías -incluida la de Salud y, concretamente, el SAS- en el que advertía de que el artículo que permitía la contratación a dedo con empresas, saltándose los controles ordinarios de contratación, para combatir la pandemia, estaba «plenamente derogada».
Bravo les recordaba que el pretexto del coronavirus ya no era motivo suficiente para recurrir a los contratos de emergencia, con lo que debían de volver al protocolo convencional. Sin embargo, el SAS continuó haciendo uso de ese marco legal, ya extinto y caduco, para otorgar decenas de millones a la sanidad privada.
Ahora, en los tribunales, los tres últimos máximos dirigentes del Servicio Andaluz de Salud, representados por el mismo abogado, siendo la estrategia la misma, no responder a las cuestiones planteadas por la acusación y hacerlo ante juez, fiscales y representantes legales en sintonía, aseveran que «no se sintieron concernidos» por esas órdenes.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
