Iván JiménezLa vicepresidenta y ministra de Hacienda y próxima secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, anunció el pasado lunes que el Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de ‘utilidad pública’ de las parcelas en el municipio de Carboneras (Almería) para expropiar y demoler el famoso hotel Algarrobico, ubicado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El PP, sin embargo, se ha tomado esta declaración como una afrenta, tachando al Gobierno de «deslealtad institucional» y acusando de utilizar una vía sin contar con el Ayuntamiento de Carboneras y que puede derivar en mayor retraso.
La declaración que el Gobierno aprobará concierne a los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección necesarios para garantizar la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras. Montero ha expresado que esta medida pretende «poner fin al mayor atentado medioambiental en este paraje natural y avanzar en la inmediata restauración ambiental».
La reacción del PP fue inmediata y su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, acusó a Montero de «deslealtad institucional» con la Junta de Andalucía, porque habría realizado esta declaración sin informar a la Administración andaluza. Además, Martín ha recalcado que esta decisión se acomete para ser «una nueva guerra con la Junta», pues lo único que «le interesa a Montero es combatir a Juanma Moreno y a su Gobierno». La ministra de Hacienda, mientras tanto, ha preguntado a la Junta si van a «tirar o no la parte del Hotel que les corresponde: ¿Se van a comprometer o no se van a comprometer?».
Ante las acusaciones del Partido Popular Montero les ha restado importancia, declarando que están «más vistos que el tebeo», ya que desde que se realizó el anuncio desde la Junta se ha «salido en tromba» acusando tanto al Gobierno como a Montero de que «vamos tarde, que lo teníamos que haber hecho antes de no sé qué fecha», mientras explicó que el Gobierno se había reunido con colectivos ecologistas que «hace mucho tiempo estaban trasladando la necesidad de derribar un edificio que es una vergüenza para todo lo que significa el cambio climático o la lucha contra nuestro litoral en términos de conservación».
Según el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, la «fórmula más rápida» es que el Ayuntamiento de Carboneras (Ciudadanos) declare que la licencia de obras del hotel «no debió producirse nunca y es ilegal». La fórmula elegida por le Gobierno, para Nieto, son «atajos» y «excusas» y pide que se «resuelva cuanto antes».
El hotel comenzó a construirse en 2003, tras conseguir una licencia de obras, a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio, de 411 habitaciones, comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades. A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras y, desde entonces, el periplo judicial ha sido interminable. La admisión de la denuncia de Greenpeace ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2022 iniciaba un nuevo recorrido judicial, poniendo fin a las disputas judiciales que se habían llevado a cabo desde entonces.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
