Iván JiménezEn la noche del pasado lunes se escribió un nuevo capítulo en la política de agravios del Gobierno andaluz frente al Gobierno central. En el tira y afloja que ambas administraciones están manteniendo con la juventud andaluza de fondo, Moreno Bonilla ha dado un paso más allá y ha anunciado que la Junta financiará la bonificación del transporte público para menores en Andalucía después de que el Ministerio de Transportes retirara esa financiación para la comunidad tras incumplir la ley.
Fue en el Comité Ejecutivo del PP en Andalucía donde Moreno Bonilla, en una actitud ciertamente vehemente con el ministro y en «defensa» de los andaluces, anunció que será el Gobierno autonómico el que se haga cargo de esta bonificación: «Aunque no lo tengamos lo ponemos, porque sabemos gestionar», espetó el líder popular después de acusar a Puente de un comportamiento «vanidoso e infantil» y arguyendo que esta decisión se toma por la «dignidad» de nueve millones de andaluces.
La realidad es que esta decisión de financiar con dinero de la comunidad autónoma la bonificación del transporte, con dinero que «no tenemos», en palabras de Moreno, puede suponer un ‘lastre’ para el ente autonómico, ya que estaríamos hablando de 1,2 millones de andaluces menores de 14 años que son los que se verán beneficiados de la misma. El ministro reprochó al Ejecutivo que anunciara la medida sin explicar de dónde salía la financiación de la misma, y fue la negativa del gobierno popular a reconocer este asunto el que llevó a Puente a retirarla, amparándose en la ley.
La política de agravios del Ejecutivo andaluz ha dejado, una vez más, indefensos a los jóvenes andaluces. Desde las filas del PSOE andaluz le pedían al presidente que «rectificara» pero Moreno Bonilla ha elegido confrontar, de nuevo, con la Administración estatal. El ministro de Transportes, como es habitual, respondió en su cuenta de X a este anuncio del presidente de la Junta, pidiéndole que «cumple con la Ley y deja de meter la dignidad de los andaluces en juego»
El incumplimiento del artículo 14 del Real Decreto Ley 1/2025 y, concretamente, del punto cuarto de su resolución, que subraya la obligación de «hacer llegar al usuario de los servicios de transporte información que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible», fue el desencadenante de la polémica. Después de que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunciara que esta ayuda estaría financiada por la Junta de Andalucía, al igual que hizo Díaz Ayuso con la misma ayuda, el ministro de Transportes, Óscar Puente, salió al paso en su cuenta de X para criticar la actitud del Gobierno de Moreno, ocultando que la financiación parte íntegramente de las arcas del Gobierno central.
“Esta obligación de comunicación y visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones prevista en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al que expresamente hace referencia el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero”, explicaba la misiva que envió el Ministerio a la Junta.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
