El Parlamento de Andalucía no celebrará finalmente el esperado -e imperioso- debate general sobre las contrataciones fraudulentas -adjudicaciones a dedo millonarias- efectuadas por el Servicio Andaluz de Salud entre los cursos 2021 y 2023 -y que han tenido continuación durante el presente curso-. El PP andaluz, recurriendo a su mayoría absoluta parlamentaria, ha decidido vetar un debate monográfico sobre el que grupos de la oposición han calificado como “el mayor caso de corrupción sanitaria en España” y por el que han sido imputados recientemente los últimos tres gerentes del principal órgano sanitario de la Administración andaluza bajo un presunto delito de prevaricación administrativa.
Precisamente, las imputaciones en la causa judicial de la actual máxima responsable del SAS, Valle García, y las de sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán (quien pretendía fichar en el mes de abril por la aseguradora privada Asisa como director para esta en Andalucía, meses después de dimitir en su puesto como máximo dirigente del sistema público de salud, y que tuvo que retrasar finalmente por orden de la misma Junta de Andalucía y de su ley de incompatibilidades hasta el mes de julio, sin que se conozca por el momento si finalmente lo hizo), y Diego Vargas, fue precisamente el últimos de los hechos judiciales que llevó a que este pasado lunes las tres agrupaciones de izquierdas en el Parlamento andaluz, PSOE de Andalucía -precisamente, el que denunciase ante la Justicia toda esta trama orquestada desde el SAS-, Por Andalucía y Adelante Andalucía exigiesen formalmente a la Presidencia y la Mesa de la Cámara andaluza la celebración del pretendido debate general en pleno.
Los tres grupos progresistas concentrados en la sede de autogobierno de la comunidad andaluza reclamaban, de la misma forma, que tras el anuncio de la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y al tiempo que tenían acceso a los informes en los que la Intervención de la propia Junta -el órgano interno de fiscalización del ente público- manifestaba su opinión desfavorable al uso de la contratación de emergencia al margen de los requisitos y procedimientos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público, eludiendo la concurrencia pública sin justificación alguna, y mediante el que se habrían adjudicado 243 millones de euros a centros sanitarios privados, el mismo líder de los populares andaluces y presidente autonómico, Juanma Moreno, “diese la cara”, “dejara de esconderse” y aportase “explicaciones” ante la “gravedad de los hechos”.
Estas justificaciones, sin embargo, se verán tan solo reducidas a la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria del próximo miércoles 27 y jueves 28 de una comparecencia que desarrollará un representante del Consejo de Gobierno -sin especificar aún cuál de los consejeros y consejeras será- para dar cuenta de los citados informes sobre la contratación llevada a cabo por el SAS entre los ejercicios 2020-2024.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
