Octavio SánchezEl pasado jueves 9 de julio de 2026, pasadas las cuatro y medio de la tarde, una chispa en el paraje de Almocáizar desató el infierno. Espoleado por un viento de poniente salvaje y temperaturas que rozaban los 40°C, el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) devoró en pocas horas miles de hectáreas en la comarca del Levante Almeriense, afectando gravemente a Bédar, Antas y Lubrín.
Pero la verdadera tragedia se mascó al caer la noche, entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el fuego cortó carreteras y rodeó viviendas dispersas. El balance provisional es devastador: 13 fallecidos (la mayoría ciudadanos extranjeros atrapados en pleno intento de huida), 8 heridos (cuatro de ellos graves en la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío) y 23 personas que aún continúan desaparecidas.
En mitad de este caos, de la asfixia y de la incertidumbre, los teléfonos móviles de miles de vecinos de Los Gallardos, Alfaix o Bédar guardaron un silencio sepulcral. El sistema estatal de emergencias ES-Alert, diseñado precisamente para salvar vidas en situaciones límite, jamás llegó a sonar.
Al día siguiente de la catástrofe, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado. Al ser preguntado por la inacción del sistema de alerta por celdas (Cell Broadcast), Moreno justificó la decisión escudándose en los técnicos:
“Habría generado confusión”, declaró el presidente autonómico. “No es común como en otras zonas, aquí había casos en los que había que confinar y otros que tenían que salir de casa. Para estos ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
Sin embargo, la propia documentación técnica de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias contradice esta premisa. El sistema ES-Alert no funciona como un emisor masivo de radiofrecuencia provincial, sino mediante tecnología de geofencing (delimitación geográfica quirúrgica).
Los protocolos del sistema permiten al operador del centro de emergencias (el 112) dibujar polígonos específicos sobre un mapa digital interactivo. Esto significa que es perfectamente posible enviar mensajes diferenciados a distintas celdas de telefonía de manera simultánea. Técnicamente, se podría haber enviado una alerta de evacuación dirigida exclusivamente a los terminales conectados a las antenas que daban cobertura a los núcleos de Alfaix o Bédar, y otra alerta de confinamiento distinta para las áreas colindantes donde las carreteras ya estaban cortadas. O si sólo se precisara de un único mensaje, se podría haber especificado que zonas quedaban confinadas y que zonas debían ser evacuadas.
Además de la segmentación geográfica, el sistema está diseñado de forma nativa para soportar el bilingüismo. En una comarca como el Levante Almeriense, donde la población extranjera supera el 30% en varios municipios y el método analógico de aviso físico (“puerta a puerta”) encuentra una insalvable barrera idiomática, la plantilla de ES-Alert permite integrar de manera inmediata instrucciones en castellano y en inglés en el mismo envío.
La decisión de no activar el ES-Alert durante la tarde y noche del 9 de julio expone una brecha de operatividad en la gestión de emergencias de la comunidad autónoma. La infraestructura digital, implementada con fondos públicos y ensayada con éxito en simulacros en toda la región, ofrece capacidades de segmentación geográfica e idiomática que habrían permitido complementar de manera inmediata el lento despliegue del aviso físico en el territorio.
Al renunciar a la activación del sistema por el temor técnico a la “confusión masiva” —un escenario que la propia arquitectura del Cell Broadcast está diseñada para evitar mediante el envío por polígonos—, se privó a miles de ciudadanos, especialmente a la población flotante internacional e incomunicada, de una vía de alerta temprana en sus dispositivos móviles. El análisis de esta catástrofe evidencia la necesidad de revisar los protocolos de toma de decisiones técnicas, garantizando que el uso de las tecnologías de seguridad pública se rija por criterios de máxima difusión y accesibilidad idiomática ante situaciones de riesgo vital evidente.
