Cristian López DomínguezCero llamadas recibidas, o, como mínimo, ninguna incidencia gestionada durante sus cuatro primeros meses de vida. Ese es el balance registrado por la oficina ‘antiokupación’ puesta en marcha el pasado mes de octubre por la delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, una de las medidas que el equipo de Gobierno del PP en la localidad cordobesa vendía como ‘estrella’ en relación a los problemas con la vivienda que existen en esta.
Ha sido el propio delegado de esta cartera municipal, el dirigente popular Jesús Coca, quien así lo ha confirmado a una pregunta sobre la cuestión planteada por el máximo responsable del PSOE de Córdoba, Antonio Hurtado, en el pleno del pasado mes de enero, y cuyo resultado ha dado a conocer. Un líder de los socialistas cordobeses que no ha titubeado a la hora de calificar como “fiasco” la iniciativa.
El saldo nulo durante los primeros 120 días de trabajo de dicha oficina vuelve a refutar una vez más, esta vez en Córdoba, la tesis planteada por PP y Vox de la ocupación o “inquiocupación” como “problema” social, como así lo catalogó el PP de Córdoba.
La constitución de este organismo municipal fue precisamente fruto de la alianza entre ambos partidos conservadores por establecer esta oficina, dotándola de recursos económicos (que no se especificaron entonces) y de medios humanos y materiales. El pasado 9 de octubre, Vox Córdoba presentó una moción que exigía al Gobierno local agilizar los desahucios y perseguir la “inquiocupación” en la ciudad cordobesa. A raíz de dicha petición, el PP de Córdoba creó dicho organismo, puso en marcha una página web para la defensa y el asesoramiento de las personas que “sufren este problema” y suscribió un convenio con el Colegio de Abogados para asesorar a las “víctimas de la ocupación” y que pusiesen los medios legales para “atajar el problema”.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).