Cristian López DomínguezMotril (Granada) se planta ante la agónica realidad de la sanidad pública en la Costa Tropical. Una multitudinaria movilización volvió a tomar por enésima vez las calles de la localidad granadina el pasado domingo, 1 de marzo, en defensa del tejido sanitario público del municipio y de la comarca ante su paulatino deterioro de la mano de las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía.
La radiografía actual de la sanidad pública motrileña no deja lugar a dudas: 12.500 son las y los pacientes atrapados en estos momentos en las listas de espera, 4.000 solo para la especialidad de Traumatología; servicios de Urgencias y centros de atención primaria de la zona operan al límite por los recortes de la Administración de Juanma Moreno, y existe una falta importante de personal sanitario. Tanto es así que los profesionales sanitarios se enfrentan a 300 urgencias diarias con la misma plantilla que hace 15 años, llegando a soportar turnos con solo tres médicos en áreas vitales como la de Urgencias.
Bajo clamores de “recortar en sanidad es un acto criminal”, “lo público no se privatiza” o el recurrente mantra de “sanidad, pública y de calidad”, las y los ciudadanos motrileños protestaron masivamente con motivo de la proximidad del 28-F (celebrado solo un día antes de la reivindicativa velada) para recordar que los derechos que tiene hoy día la ciudadanía andaluza nacieron de la lucha colectiva de la gente sencilla: “El 28-F simboliza la defensa de lo público, de la dignidad y de una tierra que no renuncia y no se rinde a cuidar a su gente”, indicaba la Plataforma Área Sur de Granada.
Uno de los principales problemas que acucia la capital de la Costa Tropical es el alarmante desmantelamiento del Hospital Santa Ana, buque insignia de la comarca, víctima del aumento de las listas de espera y de la privatización de recursos generalizada efectuada por el Gobierno autonómico.
“Mi madre no puede andar ni hacer nada sola y hemos optado por rehabilitadores de pago porque no le ofrecían ayuda en la sanidad”
Una de las perjudicadas es María (nombre ficticio), madre de José Antonio Joya Martín, un motrileño que denuncia la preocupante situación que está experimentando su progenitora, quien, pese a “no poder andar ni hacer nada sola” y “necesitar rehabilitación”, continúan después de varios meses sin llamarla desde el SAS para ello.
Un episodio concreto que ha provocado, como denuncia su primogénito, que hayan tenido que recurrir a “rehabilitadores particulares de pago que vengan a casa” y que “le ayuden a mejorar un poco”.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
