Octavio SánchezEl Ayuntamiento hispalense elude asumir la gestión directa de los trabajos en la fosa Monumento y propone derivar los fondos a la Universidad Pablo de Olavide, reabriendo un conflicto burocrático que paraliza el calendario.
La fosa franquista Monumento —el mayor enclave de represión de la capital andaluza, con más de 2.613 represaliados estimados— vuelve a quedar bloqueada. A pesar de que existía un protocolo previo firmado entre las cuatro administraciones para su apertura, el Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el alcalde José Luis Sanz, ha vuelto a interponer trabas administrativas que amenazan con paralizar de forma indefinida el inicio de los trabajos en el cementerio de San Fernando.
¿Qué es la fosa franquista Monumento y por qué se paraliza?
Ubicada en el cementerio de San Fernando, este enclave recibe su nombre por el monumento conmemorativo levantado en homenaje a los fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo. Se trata del mayor enterramiento de estas características en la ciudad, cuya exhumación quedó encarrilada en marzo de 2024 mediante un acuerdo a cuatro bandas entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento de Sevilla para financiar los trabajos a partes iguales (25% cada administración).
Sin embargo, el compromiso institucional ha chocado con la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía. El proyecto de memoria democrática nunca ha sido una prioridad para el gobierno local del PP, que evita agitar este asunto para no romper el equilibrio presupuestario con sus socios de Vox y estirar los plazos con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027.
La maniobra con la universidad que “dinamita” el modelo de financiación
El gobierno local ha esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar las tareas de exhumación de la fosa franquista. En una reciente comisión de seguimiento, los populares plantean que se encargue de dicha actividad un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), medida que abre un horizonte de incertidumbre.
Mientras que en la fosa Pico Reja el Ayuntamiento de Sevilla ejercía de dueño del suelo, recibía las subvenciones y contrataba las obras, ahora reniega de liderar el proyecto. Obligar a que el dinero se pague directamente a una universidad rompería la vía legal de transferencias entre administraciones y exigiría toda una amalgama burocrática echando por tierra la previsión de acabar en 2029.
Desconfianza y malestar ante la pasividad de la Junta y el Ayuntamiento
La disconformidad del Gobierno central y la Diputación de Sevilla (ambos gobernados por el PSOE) no se ha hecho esperar, ya que se enteraron de la propuesta en la propia comisión de seguimiento sin negociación previa.
Ante las continuas trabas y rechazos provocados por el Ayuntamiento, Gobierno y Diputación han llegado a planear asumir en solitario estos trabajos de exhumación de la fosa franquista. Actualmente esta opción está en vía muerta. La combinación de excusas burocráticas y táctica electoralista vuelve a dejar en el aire la reparación debida a las familias de los miles de represaliados que aún esperan justicia bajo el suelo de San Fernando.
