Cristian López DomínguezLos trabajadores y trabajadoras despedidos en la grúa municipal de Sevilla que durante más de cuatro días (tres noches) han estado encerrados y en huelga de hambre en el interior del Ayuntamiento hispalense como forma de protesta ante el despido masivo que sufrieron a manos de la nueva adjudicataria del servicio, Setex Aparki SA, y el silencio cómplice del equipo de Gobierno del Consistorio (PP), han abandonado finalmente durante la mañana de este viernes 16 de mayo las dependencias municipales.
Lo han hecho, ahora bien, obligados y obligadas, puesto que estos dos trabajadores (una trabajadora y un trabajador) que se encontraban aún hacinados en una de las salas del Ayuntamiento reclamando mediante esta contundente acción recibieron durante la jornada de ayer, la cuarta de la iniciativa, un requerimiento en el que se les amenazaba de que de no hacerlo se efectuaría un «desalojo» policial «forzado» este mismo viernes.
Pese a la peligrosidad de esta situación límite, el Ayuntamiento de Sevilla no solo no les ha concedido ni un solo minuto de reunión a quienes, hasta hace poco, eran empleados públicos de la máxima institución de la ciudad (subcontratados por empresas externas), sino que, como han denunciado desde la organización sindical que ha respaldado en todo momento estos despidos improcedentes y la protesta de los empleados y empleadas, CNT, «han suspendido todos los contactos» con el sindicato «desde el inicio de la huelga», «forzando a los trabajadores a continuar a pesar de los riesgos» que suponía.
Todo ello, además, aun cuando fue precisamente la vigente dirigencia del Consistorio hispalense (PP), con el alcalde sevillano José Luis Sanz a la cabeza, la que tiene la responsabilidad directa de esta destitución repentina, puesto que fueron ellos quienes avalaron y aceptaron la propuesta formalizada por Setex Aparki, que expertos laborales y sindicatos calificaban desde un principio de «temeraria y fraudulenta», pues reducía en un 25 % el presupuesto anterior e importantemente la oferta de sus competidores, cifrando en 6.299.768,40 euros (IVA excluido) el precio del servicio para los próximos tres años, una cantidad irrisoria e inviable, que prometía brindar un pobre servicio y un trato inadecuado para la plantilla de trabajadores y trabajadoras.
De hecho, justo el mismo día que tenía lugar la oficialidad expresa del nuevo contrato, dicha entidad, con casa matriz en la capital de España, Madrid, anunció el despido masivo de seis de sus trabajadores, infringiendo de manera inmediata la subrogación de empleados acordada en la adjudicación y exigida en la legislación vigente. Un dictamen que, para colmo, respondía también, según palabras de la Confederación Nacional de Trabajadores, a una suerte de «represión sindical», ya que entre los despedidos y despedidas se encuentran afiliados de esta organización.
Uno de los trabajadores manifestados ha lamentado que se hubieran visto forzados a abandonar las instalaciones consistoriales antes de la cuenta, puesto que el objetivo era «llegar hasta el final», «hasta las últimas consecuencias» (a pesar de que tuviera que ser atendido ayer por una ambulancia), pero no querían que la Policía les «sacase a la fuerza» del Ayuntamiento: «No somos ningunos delincuentes», ha reportado.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
