Cristian López DomínguezPP y Vox se han dado la mano en Andalucía para paralizar la investigación de los miles de contratos (por valor milmillonario) adjudicados a dedo por el Gobierno de Juanma Moreno de manera fraudulenta a entidades privadas que operan en lares sanitarios, para lo que recurrieron al troceo de estas licitaciones (contratos menores) sorteando así la publicidad y la libre concurrencia de empresas.
La composición de la Cámara de Cuentas, con mayoría designada por las dos formaciones (ultra)conservadoras, ha propiciado que el órgano fiscalizador de la legalidad y legitimidad de las actuaciones de la Junta de Andalucía y de sus organismos, entre ellos el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde se organizó precisamente este entramado fraudulento para la otorgación a dedo de contratos de decenas y centenares de millones de euros en cantidades menores a 30.000 euros (5.000, 15.000 y 30.000, las cantidades que permiten que estos sean concedidos arbitrariamente por el Ejecutivo autonómico a un puñado de empresas), se niegue a seguir investigando las contrataciones efectuadas durante los ejercicios 2022 y 2023, pese a que los integrantes elegidos por las organizaciones progresistas de la Cámara andaluza veían más que necesario que continuasen las pesquisas de estas contrataciones para conocer la magnitud del fraude.
Así lo comunicó la propia Cámara de Cuentas la pasada semana tras pedir explicaciones tanto PSOE de Andalucía como Por Andalucía por la inexplicable paralización del examen de las licitaciones del SAS en los cursos 2022 y 2023, a tenor de que los tribunales están juzgando en estos momentos en dos grandes causas estos acuerdos discrecionales del Gobierno autonómico con entidades de titularidad privada desde el SAS.
El órgano fiscalizador arguye esta «suspensión temporal» de las pesquisas examinatorias en su deseo de «evitar interferir» en la investigación judicial en curso por un posible delito de malversación del fraccionamiento de contratos sanitarios en 2021, por la que ha sido imputada un alto cargo del Gobierno autonómico, el director económico central de compras del SAS en Cádiz, Demetrio González Mera, quien declaró como investigado el pasado 28 de abril. La Cámara de Cuentas defiende que su dictamen no es «de ninguna manera algo excepcional, ya que en otras ocasiones y en situaciones similares, por ejemplo, durante campañas electorales, se ha procedido de la misma manera». Un argumento que no convence, sin embargo, al bloque de la oposición progresista del Parlamento andaluz, que han denunciado el uso «torticero y partidista» desde la Junta de un órgano independiente, cuya función principal es supervisar el buen hacer del Gobierno andaluz.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
