En plena crisis sanitaria sin precedentes en Andalucía, cuando la lista de pacientes que aguardan para ver a un especialista o para ser intervenidos quirúrgicamente en la comunidad supera con creces el millón, un nuevo escándalo orbita sobre la gestión del erario público a manos del Gobierno andaluz y no en cualquier consejería, sino, precisamente, en la sanitaria.
Ayer mismo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla anunciaba la apertura de una investigación por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva-, entre 2021 y 2023, de 243 millones de euros a clínicas privadas acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia, que ya, por entonces, se encontraba extinto.
Unas licitaciones por las que se efectuaron adendas y prórrogas de contratos de emergencia estipulados con entidades privadas en pleno escenario pandémico y que «no fueron puntuales» ni «algo aleatorio», sino que constituyeron un «sistema de trabajo al margen de la legalidad» que buscó «estirar la posibilidad» de no tener que ser sometidas a los procedimientos ordinarios de libre concurrencia, como advierten el máximo dirigente del PSOE-A, Juan Espadas, y su agrupación, la denunciante y la que ha recopilado toda la información sobre los hechos que creen delictivos y que han motivado al tribunal de instrucción a la apertura de la causa.
Esta estructura de licitaciones a dedo por valor millonario a determinadas centros privados constituyó un auténtico «modus operandi» durante más de dos años, entre la primavera de 2021 y hasta que, tras ser reportadas en marzo de 2023, fueron revertidas en junio de ese mismo año -después de una última prórroga entre ambos meses-, y dejó un montante final derivado a estas clínicas de titularidad privada que ascendería de los 70 millones presupuestados inicialmente a los 243 millones finales.
Ahora, será el tribunal de instrucción el que determinará si existe, como entrevé, los delitos de malversación y prevaricación y una gestión de la contratación pública «irregular, ilegal y abusiva» -como la ha calificado Espadas- de derivación de presupuestos públicos para la iniciativa privada, y el que dirima, por consiguiente, si hay responsabilidades penales en el caso.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
