«Ningún interés, opacidad e incapacidad de gestión». Son algunas de las quiméricas respuestas que han experimentado 17.000 jóvenes andaluces y andaluzas por parte de la Junta de Andalucía a la hora de intentar percibir el Bono Alquiler Joven en la comunidad desde que en enero de 2022 el Gobierno central aprobase esta medida excepcional para ayudar mensualmente a la población joven nacional en sus deseos de emancipación. Una serie de catastróficos quehaceres del Gobierno andaluz que han convertido, según la portavoz socialista de Fomento, Isabel Ambrosio, en una auténtica odisea lo que en un principio estaba estipulado por el Ejecutivo de Sánchez como una ayuda para un colectivo, como la juventud, de importante vulnerabilidad tras el escenario pandémico.
A dos días de que se cumpla el plazo previsto por el Estado para la adjudicación completa de esta bonificación en todas las comunidades autónomas, siendo cada una de ellas las encargadas de gestionar la totalidad de las condiciones de entrega de esta contribución, Ambrosio ha condenado la «falta de voluntad» del Gobierno de Moreno por desarrollar este Bono Alquiler Joven y la «falta de transparencia» que ha imperado en la Administración durante todo el proceso. La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha relatado las «complicadas decisiones» que los y las jóvenes andaluzas se han visto obligadas a tomar como consecuencia del paso de las semanas y los meses y la incertidumbre constante que han padecido: «Algunos han buscado ayuda en sus familiares o hacer la petición de un crédito para seguir manteniendo su vivienda de alquiler. Y otros no han tenido que tomar, ni más ni menos, que la dolorosa decisión de cerrar la puerta de alquiler y volver a casa de sus padres».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
