Marcos Barrera, 22 años, sevillano. En enero de 2022, tras enterarse de que el Gobierno central pondría en funcionamiento el, por entonces, novedoso bono alquiler joven, una ayuda de un máximo de 6.000 euros destinada a asistir a la juventud española en el acceso a la vivienda, «tenía una serie de expectativas» en lo referente a poder hacer frente al pago de su arrendamiento en la capital sevillana de la mano de esta iniciativa pública, cuya entrega a los beneficiarios quedó íntegramente adjudicada a los gobiernos autonómicos.
Hasta hace unas semanas, cuando recibió por fin la dotación del bono, este joven transitó por una larga odisea de más de dos años y medio desde que fuese presentada. Otros muchos y muchas, ahora bien ni siquiera han tenido esa suerte todavía. «Hay algunos y algunas que están esperando aún a que tan siquiera miren su expediente», desvela otra beneficiaria. La ilusión de este sevillano por disfrutar de un incentivo económico de 250 euros cada mes, como preveía, en un principio la iniciativa, fue atropellada por la horrible gestión efectuada por la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno, del bono, que no comenzó a hacer llegar a sus primeros adjudicatarios hasta justo el mes previo, noviembre, a que finalizase el período de dos años estipulado por el Ejecutivo de Sánchez para que las comunidades hicieran entrega de él a sus jóvenes, en diciembre de 2023.
Con ganas de no dejar de abrazar la emancipación y de seguir construyendo una vida autónoma, lejos de la falda del domicilio familiar, este joven andaluz reconocía hace meses, en marzo, durante una de las últimas manifestaciones organizadas por las y los jóvenes andaluces para denunciar esta pésima tramitación de la bonificación ante la sede de la Consejería de Fomento en Sevilla, llevar dos años desempeñándose en hasta «tres trabajos diferentes» para «poder pagar el alquiler», que encima le «está subiendo cada año». «Está siendo una situación difícil», reconocía.
Justo por esas fechas, de hecho, Barrero confesaba que se iba a «quedar en el paro», lo que iba a germinar que sus «expectativas» y «angustias» fuesen «en aumento». «No tengo ninguna notificación todavía. No sé nada. Es angustioso», confesaba. Frente a esta descorazonadora situación, la respuesta por parte de la administración pública andaluza, concretamente, de la Consejería de Fomento, la encargada de gestionar el bono alquiler, hasta la fecha había sido inexistente: «No tengo ningún tipo de noticia. Mi situación no ha cambiado, el estado de tramitación tampoco, llamo y no me dicen nada. Escribo y tampoco me contestan…». Relataba que esta nula comunicación por parte de la Junta hacía todavía «más angustioso» el escenario «que el de no saber nada».
El caso de Barrero no es, claro está, el único. Su padecer ha sido replicado por hasta 17.287 jóvenes andaluces y andaluzas más, los beneficiarios de la medida, y todavía perdura, puesto aquellos y aquellas que aún no han recibido el importe total se cuentan por miles. Tal ha sido este agravio que no solo han sido varias las veces que han tenido que manifestarse ante las delegaciones de la Consejería de Fomento de todo el territorio andaluz, sino que también han creído oportuno recurrir a la presentación de una demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por los impagos del bono alquiler.
Fue en abril de este año, cuando medio centenar de estas y estos jóvenes andaluces interpuso el primer requerimiento legal contra la administración andaluza por la falta de respuesta a sus bonificaciones. Una batalla legal, encabezada por la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler en Andalucía, que buscará que el ente público andaluz no deshaga el daño, puesto que ya es irreparable, pero sí que asuma responsabilidades, vea fiscalizada la indecente gestión realizada de la ayuda y compense a la juventud andaluza por lo sucedido.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
