Octavio SánchezLa enseñanza concertada ya conoce cuál será el desembolso que hará en sus arcas la Junta de Andalucía, a título de los contribuyentes andaluces, durante el próximo 2027. El ente público andaluz destinará un total de 1.183,35 millones de euros a esta, lo que supone una cuantiosa revisión al alza de las prestaciones en forma de derivación de presupuesto público que ya registraba la educación concertada durante este 2026.
La cifra, arrojada por el sindicato Ustea a partir del análisis de los presupuestos andaluces presentados por la Administración andaluza para el próximo año, eleva en 82,32 millones de euros (un 7,48% más) la cantidad que recibirá la educación concertada a manos del ente público autonómico. De esta cantidad, 1.170,76 millones corresponden a la financiación de unidades concertadas y conveniadas, mientras que los 12.59 millones restantes se destinan a libros de texto y cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional concertada.
Entre las principales partidas destacan los 370,66 millones de euros para Educación Secundaria Obligatoria, los 343,85 millones para Educación Primaria y los 148,94 millones para Educación Infantil. A estas cantidades se suman 127,48 millones para Educación Especial, 113,04 millones para ciclos formativos de Formación Profesional, 37,09 millones para Bachillerato y 29,69 millones para Formación Profesional Básica.
USTEA ha denunciado que las partidas a los centros concertados “aumentarán un 7.48% en 2027 mientras que la enseñanza pública acumula 2.753 aulas suprimidas desde 2019”. El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 pone de manifiesto, a juicio de este sindicato, “las prioridades establecidas por el actual Gobierno de PP y Vox en San Telmo”. Señalan que “va a haber más financiación para la enseñanza privada concertada mientras que se continúa con la supresión de unidades en los centros públicos y persisten importantes carencias de personal y recursos”.
El detrimento de la pública en favor de la concertada
Uno de los pilares que sostiene el análisis de USTEA es que el favor hacia la educación privada y concertada se hace de forma inversamente proporcional hacia la pública. Solo durante el curso 2025-2026 se suprimieron 360 aulas públicas de infantil y Primaria, una cifra que eleva a 2.753 las unidades públicas eliminadas desde 2019, aclara el sindicato. Sin embargo, la enseñanza concertada únicamente ha perdido 23 unidades de Primaria y una de Educación Secundaria Obligatoria.
Más de 127 millones para Educación Especial concertada mientras faltan profesionales en la pública
Otro punto sobre los que incide el sindicato es en la educación especial. Son 127,48 millones de euros destinados a la educación especial concertada, mientras numerosos centros públicos continúan sin disponer de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El sindicato denuncia que muchos profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje deben atender a un número excesivo de estudiantes o repartir su jornada entre varios centros, reduciendo el tiempo de intervención individualizada. A ello se suma la insuficiencia de orientadores y orientadoras, además de las carencias de personal técnico de integración social.
Llamado a secundar la huelga educativa del 11 de noviembre
Ante esta situación, USTEA hace un llamamiento al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa andaluza a participar en la huelga educativa convocada para el próximo 11 de noviembre. El sindicato reclama una reducción real de las ratios en todas las etapas educativas, el aumento y la estabilidad de las plantillas docentes, más recursos para la atención a la diversidad, la mejora de las infraestructuras escolares y el fin de las supresiones de unidades públicas mientras se mantiene la sobreoferta concertada.
Para USTEA, los presupuestos educativos deben responder a las necesidades reales de los centros y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a fortalecer la red educativa pública.
