Octavio SánchezLa convocatoria de concentraciones a las puertas de las casas consistoriales andaluzas el pasado 2 de septiembre ha abierto un debate político e institucional sobre el papel de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La decisión del órgano autonómico de sumarse a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta se tradujo en una jornada marcada por la ausencia de los partidos de la oposición y acusaciones cruzadas de instrumentalización partidista.
El origen de la movilización se remonta al pasado 27 de agosto, cuando el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), anunció la adhesión oficial de la entidad a la propuesta de la FEMP. La iniciativa llamaba a los 785 ayuntamientos andaluces a convocar concentraciones silenciosas el miércoles 2 de septiembre en solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta ante la situación migratoria que atraviesa.
La postura de la oposición: acusaciones de uso partidista
La respuesta de los grupos de la oposición ante la convocatoria institucional fue unánime en el rechazo a la forma de la convocatoria. A través de una instrucción interna, la dirección del PSOE ordenó a sus cargos territoriales y corporaciones municipales no participar en los actos. Desde la formación socialista se argumentó que el Partido Popular estaba utilizando la estructura de la FEMP y de las federaciones territoriales para articular una estrategia de confrontación contra el Gobierno de España, reclamándole al grupo conservador “respeto a las instituciones” y a su “neutralidad”.
En la misma línea se pronunció Izquierda Unida en Andalucía. Su coordinador general, Toni Valero, junto a los grupos municipales de la formación en capitales como Sevilla y Málaga, confirmó la no asistencia a los actos a las puertas de los consistorios. Desde IU se señaló que la convocatoria respondía a un uso instrumental de las instituciones locales por parte del PP y Vox, rechazando acudir a concentraciones sin previo consenso en los órganos de gobierno de la FAMP.
La respuesta del Gobierno central y la Junta de Andalucía
El debate sobre la idoneidad de la convocatoria llegó también a la mesa del Consejo de Ministros del 1 de septiembre. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusó formalmente al PP de “instrumentalizar” las federaciones de municipios para trasladar la contienda política a la escala local, cuestionando que se utilizara la vía institucional para convocar protestas de carácter político.
Por su parte, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Partido Popular se respaldó la legitimidad de las convocatorias como un ejercicio de solidaridad interterritorial. Durante la jornada del 2 de septiembre, altos cargos del Ejecutivo autonómico, entre ellos el vicepresidente Antonio Sanz en la concentración del Ayuntamiento de Sevilla, acudieron a las puertas de los consistorios para apoyar el manifiesto leído por los alcaldes.
El impacto en el modelo de representación municipal
La FAMP, constituida como una asociación de entidades locales para la defensa de la autonomía municipal, la negociación de la financiación local y la gestión de competencias impropias, ha funcionado históricamente bajo dinámicas de consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en las corporaciones andaluzas.
La división evidenciada el 2 de septiembre pone de relieve las diferencias sobre los límites de la representación de la FAMP cuando no existe acuerdo unánime entre sus miembros. Mientras el PP defiende que la institución debe canalizar la voz de las corporaciones ante crisis territoriales de calado nacional, la oposición sostiene que cualquier posicionamiento público del organismo debe ceñirse a sus competencias estatutarias y contar con el respaldo de todas las fuerzas con representación en los ayuntamientos andaluces.
