Laura Torregrosa“Bloqueo sistemático” a todas las actuaciones que han de desarrollarse en cumplimiento de la ley, una “paralización administrativa” sin parangón en torno al “reconocimiento institucional de espacios vinculados a la lucha de libertades democráticas y a la dignificación de las víctimas del franquismo”, y reuniones y reuniones que no se convocan entre federaciones y asociaciones memorialistas y la Junta de Andalucía.
Esa es la radiografía actual que padece la aplicación de la ley de memoria histórica en Andalucía, a solo horas de que se reconstituya el Parlamento autonómico (11 de junio) tras la celebración reciente de las elecciones andaluzas y a falta de días de que comiencen a fraguarse los pactos entre PP y Vox en la comunidad andaluza para la investidura del propio Juanma Moreno. Un “incumplimiento” constante del Gobierno de Moreno al marco que legisla la reparación moral y jurídica y los derechos de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el franquismo.
Así lo ha denunciado esta pasada semana la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), quien ha asegurado que la Consejería de Cultura y Deporte, la encargada de velar por la norma memorialista, ha venido infringiendo los acuerdos adoptados por el Consejo de la Memoria celebrado el pasado 15 de diciembre de 2025, mediante los cuales la administración se comprometía a acelerar los 68 expedientes de declaración de Lugares y Senderos de Memoria Democrática pendientes de ser aprobados desde que Moreno y el PP-A llegasen a San Telmo (2019).
Además, la propia consejera, Patricia del Pozo, se comprometió a la convocatoria con periodicidad mensual de la Comisión de Lugares y Senderos de la Memoria. Seis meses después de dicha reunión y del acuerdo, la FAMD denuncia que solo se han reunido una vez y que apenas “se han aprobado 8 de las 68 solicitudes en curso”.
La federación memorialista no ha titubeado a la hora de clamar públicamente contra la que definen como “clara falta de voluntad política de la Junta de Andalucía con las políticas públicas de Memoria Democrática y la falta de respeto a los miembros del Consejo de la Memoria, así como la total impunidad pese al incumplimiento sistemático de la ley”.
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