Octavio SánchezEl pasado martes 27 de julio pudimos observar que la intención de Vox ya no es guardar las formas institucionales de cara a la galería. Tras unirse de manera «espontánea» a una manifestación contra la mezquita de Sevilla y su Centro Cultural Islámico —convocada por un misterioso ente anónimo—, sus representantes públicos, entre ellos el diputado autonómico Javier Cortés o la concejala hispalense Cristina Peláez, no dudaron en compartir fotos y reivindicaciones con el grupo neonazi Núcleo Nacional.
Durante la protesta, Vox clamó contra la “islamización” de los barrios y animaba a la ciudadanía a unirse en sus diferentes redes sociales, acusando al gobierno local de ser cómplice. Pero frente a esta cara de la moneda en la calle, nos encontramos con otra muy distinta en el ámbito institucional. La realidad administrativa es que el proyecto del Centro Cultural Islámico y la mezquita siguen los trámites legales y urbanísticos impulsados bajo la administración de su socio de gobierno local y autonómico, el Partido Popular.
Socios en las instituciones, rivales en la calle
Esta doble vara de medir deja en una posición más que incómoda al Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como en el Palacio de San Telmo. Para asegurar la gobernabilidad y la investidura en la Junta de Andalucía, el equipo de Juanma Moreno no dudó en tragar con exigencias como la «prioridad nacional», una de las banderas ideológicas más divisivas de la formación de extrema derecha. Sin embargo, la cesión institucional no ha servido para moderar al socio de gobierno, sino para alimentarlo.
Mientras en las instituciones el PP cede terreno en el relato para mantener la estabilidad, en la calle Vox demuestra que no tiene reparos en romper el propio marco constitucional. La formación de Abascal utiliza el altavoz y la legitimidad que le otorgan sus pactos con los populares para agitar la tensión en torno a la mezquita de Sevilla en barrios populares como el Polígono Sur, situándose codo con codo junto al neofascismo e impugnando, de forma surrealista, la propia legalidad urbanística que gestiona su socio de gobierno.
El resultado es una contradicción en ciernes difícil de sostener: un Partido Popular atrapado entre la obligación legal de tramitar las licencias municipales y el chantaje de un socio que, lejos de guardar las formas, ya no se esconde a la hora de buscar cobijo en el extremismo más radical.
