Cristian López DomínguezDos cuestiones, dos intereses completamente adversos, una misma mano gestora y ejecutora: la Junta de Andalucía. En la primera mitad de 2026, el Gobierno andaluz aplicó dos políticas muy diferentes, una abiertamente favorable a su promoción, sobre la tauromaquia y el sector taurino, y otra completamente menguante, opresora, sobre la prevención y la lucha contra los incendios. Todo ello pese a que Andalucía es, por su situación geográfica, uno de los grandes epicentros de emergencia climática del territorio español, y a las ya repetidísimas voces de alarma de expertos en torno a esta necesidad preventiva en los campos andaluces.
En ese mismo período, la Administración dirigida por Juanma Moreno redujo en un 14 % los trabajadores ambientales para la campaña de prevención de incendios, pasando de 698 efectivos a 602 al comienzo de la actual campaña veraniega (es decir, 96 agentes de medio ambiente menos), mientras elevaba hasta alcanzar el 80 % sus subvenciones para todo lo relacionado con la actividad taurina.
En concreto, fue en mayo, en plena deducción del número de trabajadores forestales y pocas semanas antes de la temporada de alto riesgo de importantes fuegos (verano), cuando el Gobierno de Moreno, a través de la Consejería precisamente del gestor de estas emergencias climáticas, Antonio Sanz (visiblemente adepto a la tauromaquia), la de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, aprobó el aumento del 50 al 80 % de la financiación en ayudas a los municipios adheridos a la red de municipios taurinos de la comunidad andaluza. Un aumento de la inyección económica a la tauromaquia que quedaría registrado en el BOJA nº88, de 11 de mayo de 2026. 
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
