El alcalde de Estepona, el dirigente popular José María García Urbano, vuelve a estar en la picota por un nuevo escándalo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de la localidad malagueña ha imputado al primer edil esteponero por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras haber contratado irregularmente en el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una «amistad íntima» sin que esta tuviera carga de trabajo ninguna, según la investigación del juzgado.
Cristina P.B, como así se llama la persona contratada por García Urbano a mediados de 2023, fue colocada como cargo de confianza por el alcalde esteponero. Una contratación que buscaba proporcionarle una «mejora o ayuda económica», como señala el auto judicial, sin que esta «llegara a desempeñar actividad alguna» en el Consistorio ni fuese a trabajar durante el mes y medio que estuvo como asalariada, pese a que debía revisar plantas y farolas, concepto por el que fue suscrita.
Esta mujer, además, que no era otra que la expareja del policía local que lo denunció por acoso sexual y coacciones hace tan solo unos meses (denuncia que quedó finalmente archivada por el mismo juzgado el pasado mes de enero). Durante las diligencias de ese caso, precisamente, el magistrado llamó a declarar como testigo a la entonces pareja del funcionario, la mencionada Cristina P.B. quien dio a conocer los detalles de esta contratación fraudulenta. Unos hechos ante los que el juez consideró abrir una pieza separada ante un posible delito de malversación de caudales públicos del máximo dirigente del PP en Estepona, que, según lo estimado por el togado, «se desprende de modo indiciario».
De llegar a resolverse judicialmente lo previsto, García Urbano podría enfrentarse a una pena de prisión de entre seis meses a tres años y a la suspensión de su empleo público entre uno y cuatro años.

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).