Cristian López DomínguezUn colchón importante de impunidad. Eso es de lo que ya saben que disfrutan los altos cargos de la Junta de Andalucía de la mano de su máximo dirigente Juanma Moreno, quien este pasado jueves, en declaraciones ante un grupo de madres de las AMPAs del distrito norte de la capital andaluza, dejó entrever claramente que no cesaría al delegado de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, pese a las graves declaraciones que profiriese el pasado lunes 27 de enero en las que «discriminaba» (como lo tildaron muchas madres y padres que se reunieron con él) a alumnos con necesidades educativas especiales.
Moreno, ante el conjunto de progenitoras, quienes se dieron cita sorpresivamente en el mismo Parlamento de Andalucía, minutos antes de la sesión de control quincenal que obliga al máximo representante andaluz a responder a las interpelaciones de los grupos de la oposición política, cerró filas en torno a su máximo responsable educativo sevillano (presidente, curiosamente, del PP en el municipio sevillano de Osuna) y les replicó que era «la primera vez» que era denunciado por hechos del estilo, «y no la cuarta vez», no siendo «algo recurrente», y que «pidió disculpas», como advirtió que desde la presidencia de la Junta le reclamaron que hiciese.
Esta negativa de Moreno a cesar a dirigentes que copan la cúpula de la Administración andaluza que gobierna (pese a que después sean él y su partido más que rápidos para pedir dimisiones y responsabilidades ajenas en instituciones gobernadas por otros partidos, en especial, de naturaleza progresista), cuando han estado involucrados de alguna forma en investigaciones abiertas por Fiscalía o por la propia Justica, ha sido una máxima que ha acompañado durante el período de más de seis años que suma el político malagueño al frente del ente público.
Vídeo: 7TV Andalucía
El último caso ha sido el de la actual gerente del SAS, Valle García, quien fue imputada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por presunto delito de prevaricación administrativa en el marco de la causa judicial que examina las adjudicaciones a dedo millonarias a clínicas privadas efectuadas por el Gobierno andaluz entre 2020 y 2024, en las que el Sistema Andaluz de Salud hizo uso de un marco legal solo vigente durante 2020 y principios de 2021 (es decir, no válido el resto del tiempo) y que, sin embargo, extendió «al margen de la ley», de forma «abusiva» y «de manera injustificada» -como advirtieron los propios interventores tras auditar estas licitaciones- hasta 2024. Justamente la última de las prórrogas a esas licitaciones fue validada por la misma Valle García, de ahí, su imputación en los tribunales.
El de la gerente del SAS no es, ahora bien, el único episodio reciente en el que Moreno ha exonerado a uno de sus altos directivos, puesto que también a principios de este pasado 2024, el líder del PP en Andalucía dejó sin sanción al director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, también político del Grupo Popular (en Cádiz), a pesar de haber incurrido en incompatibilidad y conflicto de intereses por la concesión de ayudas públicas a dos sociedades pesqueras de hermanos suyos y de las que fue socio. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) instó a la institución pública a que amonestase a Martínez, pero la demanda fue ignorada por el presidente andaluz y por su partido autonómico.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
